Entre los días 15 y 19 de este mes, el ex presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, el conseller Bartomeu Escandell y los ex consellers Sonia Cardona y Josep Mayans se sentarán en el banquillo de los acusados por el caso Punta Prima, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, desobediencia, falsedad, infidelidad en custodia de documentos y coacciones.
El empresario alemán afincado en la pitiusa del sur Leo Stöber, responsable de la empresa promotora del complejo turístico Sunway S.L. en la zona de Punta Prima, interpuso denuncia en febrero de 2012 contra los consellers de Gent per Formentera, que formaba equipo de gobierno con el PSOE, tras la aprobación en 2010 de las Normas Subsidiarias de la isla por las que los terrenos del empresario en Punta Prima, donde tenía la intención de llevar a cabo una ampliación de su ciudad de vacaciones, quedaban como inedificables.
Los acusados, ya en mayo de 2019, solicitaron que se incluyera en la causa al Consell de Formentera como responsable civil directo por si, finalmente, tuvieran que indemnizar al denunciante. Para ello, presentaron un incidente de nulidad en el que se señalaba que se había «omitido de forma incomprensible en la referida resolución la responsabilidad civil interesada por el querellante contra el Consell de Formentera, tal como solicita en su escrito de acusación».
Hay que recordar que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares archivó el caso en abril de 2017, pero tras un recurso de Sunway S.L. lo reabrió en julio del mismo año y devolvió las investigaciones al Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza, al encontrarse ya fuera de causa la por aquel entonces diputada autonómica Silvia Tur.
Nuevo juicio
Por otra parte, los mismos protagonistas de Gent per Formentera están a las puertas de la apertura de un nuevo juicio oral, en este caso por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, por unos presuntos delitos de prevaricación administrativa, desobediencia y malversación de caudales públicos.
El auto, de fecha 28 de julio, daba un plazo de 10 días a la acusación particular y Fiscalía para que solicitasen la apertura de juicio oral «formulando escrito de acusación, o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de las diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación». Este periódico tan sólo pudo confirmar la presentación de escrito de acusación por parte del denunciante.
Esta imputación responde a una denuncia presentada por el empresario Leo Stöber por la concesión de una licencia de obra a tres edificios de locales comerciales (el Centro Comercial Sant Ferran, conocido como Ca ses Castellones), en un enclave dentro del entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) de la iglesia de Sant Ferran.
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Sres. De Periodico de Ibiza, las licencias de Ca Ses Castellones no las dio GxF, en aquellas fechas ni existía, las dio el PP sus socios de aquel momento.