Imagen de archivo de un pleno en Formentera.

Una sesión plenaria que debía ser de mero trámite se convirtió este jueves en el Consell de Formentera en una buena ocasión para ajustar cuentas entre los grupos que forman la Corporación insular y, una vez más, con el presidente Córdoba en el centro de las polémicas. El pleno realmente se había convocado para aprobar la firma de un convenio con el Ministerio de Interior para instalar en la isla un puesto que permita la actualización de los certificados de los DNI electrónicos. Un asunto de mero trámite que, sin embargo, dio pie a nuevos enfrentamientos en el plenario. La sesión, además, se tuvo que celebrar dos veces, con el consiguiente coste para los formenterenses.

El primer enfrentamiento vino por la manera en la que Córdoba convocó la primera sesión extraordinaria y urgente. La convocatoria se remitió este pasado miércoles tanto a los grupos como a los medios de comunicación, solo horas antes de que tuviera que celebrarse. Algo queprovocó que algunos consellers no pudieran estar presentes por la imposibilidad de reorganizar sus agendas. Fue el caso de la líder de GxF, Alejandra Ferrer, y de la socialista Ana Juan.

El primer debate fue el correspondiente a la votación sobre la urgencia del pleno. Y las críticas no tardaron en llegar pues, según denunció el socialista Rafa Ramírez, el Ministerio de Interior había hecho dos requerimientos a Córdoba, uno en julio y otro en septiembre, para aprobar este acuerdo. Que el presidente haya convocado de esta manera la sesión para este jueves, un día antes de llegar a la fecha límite, demuestra, a juicio de Ramírez, «la incapacidad de gestión de esta casa». En esta primera intervención del socialista, llegó el primer dardo hacia Córdoba pues Ramírez recriminó al presidente no respetar la necesidad de organización del resto de consellers y le espetó: «La gente no tiene tres o cuatro salarios como algunos y se tiene que organizar».

Críticas similares formularon los portavoces de Sa Unió, Xavier Serra, y de GxF, Rafa González. Y, a pesar de que el secretario de la institución, Ángel Navarro, advirtió de que la urgencia debía salir adelante por mayoría absoluta, Sa Uniódecidió abstenerse Un gesto que provocó la finalización del pleno sin debatir la propuesta en sí.

Minutos más tarde, se convocó una segunda sesión, también urgente y extraordinaria, con el mismo motivo. Y fue en esta en la que todos los grupos fueron ajustando cuentas unos contra otros, reflejando la situación de paralización que atraviesa el Consell y, sobre todo, la imposibilidad de llegar a acuerdos que devuelvan la normalidad a la institución.

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Una vez más, fue el PSOE el que ha llevado la batuta del debate al insinuar que Córdoba está cobrando una remuneración del Parlament que, al parecer y siempre según la versión de Ramírez, no debería cobrar. Se trata de los 2.700 euros mensuales que recibe como asignación para el grupo al que representa. Pero, recordó Rafa Ramírez, Córdoba ya no pertenece a Sa Unió, pues la coalición lo expulsó a principios de este año y figura en la Cámara autonómica como diputado no adscrito a ningún grupo. De ahí que los socialistas entiendan que no debería percibir esta cantidad mensual que, inicialmente, está prevista para el funcionamiento de los grupos parlamentarios. «Usted no está adscrito a ningún grupo», le espetó el líder del PSOE formenterés, «le echaron. Si no está adscrito, no debería tener derecho a esos 2.700 euros. ¿Los usa para justificar tickets de comida ya tiene las dietas asignadas?»

El presidente respondió a Ramírez que sus palabras son «una exageración». Y, acto seguido, explicó que los diputados del PSOE cobran la misma cantidad que él pero que, en su caso, «pasan directamente el dinero a la caja del partido». «Este dinero está controlado», añadió, «me decepciona cuando habla de 2.700 euros de dietas. Es una asignación, la misma que tienen los demás grupos. Sa Unió intentó que no la recibiera pero les ha salido rana».

Córdoba, por su parte, arremetió contra los consellers de Sa Unió, insinuando que las comunicaciones del Ministerio de Interior habían llegado a alguno de los correos corporativos que aún mantienen como miembros del Gobierno insular y que no se los habían reenviado. Algo que Xavier Serra negó, asegurando que estos correos no funcionan desde hace un mes. El presidente siguió sus ataques contra sus excompañeros de grupo y gobierno y ha asegurado que ahora van en «coalición con el PSOE».

Sa Unió, por su parte, cargó contra GxF por no aceptar ni tan siquiera sentarse a negociar con la coalición la posibilidad de presentar una moción de censura contra Córdoba. Una acusación que el portavoz de GxF rechazó intentando, a su vez, generar dudas sobre la postura de Sa Unió con respecto a los ciudadanos pues, afirmó Rafa González, no es comprensible que se haya tenido que celebrar un segundo pleno porque la coalición se ha abstenido en el primero.

Así las cosas, todo sigue igual en Formentera. El secretario Navarro muestra cada vez más cansancio ante la necesidad de que intervenir en cada sesión para explicar qué medidas debe tomar para que la institución no esté totalmente paralizada. Y, mientras tanto, unos y otros siguen tirándose los trastos a la cabeza. La realidad es que, hasta ahora, Llorenç Córdoba, contra todo pronóstico, sigue al frente del Consell y, con más pena que gloria, gestiona la institución a pesar de los augurios en contra.