Sa Unió dice que la investigación de la UCO es por su denuncia y no por la de Córdoba

La consellera de Sa Unió ha explicado que ella misma declaró ante los agentes «durante varias horas». Algo que también hicieron la consellera Cristina Costa y el secretario de la institución, Ángel Custodio Navarro. «Pero todo fue por la denuncia de Sa Unió», ha insistido Castelló, que también ha admitido que la coalición no conocía que Córdoba hubiera interpuesto, por su parte, otra denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción pero en Madrid.

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«A nosotros nos preguntaron el por qué de la denuncia de Sa Unió», ha abundado Verónica Castelló. También ha explicado que no puede desvelar el contenido de su declaración pero ha añadido que tiene constancia de que los agentes de la UCO tenían previsto interrogar a funcionarios de la institución. «Si la UCO trabaja paralelamente con la investigación de las dos denuncias, yo no tengo ni idea», ha añadido también Castelló.

La consellera de Sa Unió ha aclarado que la denuncia presentada por la coalición contra Córdoba se basa en «las adjudicaciones de playas», mientras que la del presidente estaría centrada en cuestiones más concretas, como la adjudicación de siete quioscos. Lo cierto es que Sa Unió anunció en mayo la presentación de esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. La coalición acusó a Córdoba de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Delitos que el presidente, en opinión de sus antiguos compañeros, habría cometido durante la tramitación de la adjudicación de los quioscos de playa. Una adjudicación que Córdoba quiso declarar desierta por considerar que los adjudicatarios elegidos por la Mesa de Contratación no habían hecho correctamente el cálculo de las horas que deberían trabajar sus empleados. Además, Córdoba consideraba tambíen que la propia Mesa de Contratación no había realizado correctamente su trabajo. El presidente se basó para esta postura en un informe realizado por una letrada del Consell y en otro encargado a un experto externo.

Informes que de nada le sirvieron pues, al final, Córdoba fue recusado por algunos adjudicatarios como miembro de la Junta de Gobierno y decidió no participar en la adjudicación, que se llevó a cabo el 26 de abril con el voto a favor de cuatro consellers de Sa Unió. Entre ellos se encontraban precisamente Verónica Castelló y Cristina Costa.