Políticos, funcionarios y empresarios, en el punto de mira de la Guardia Civil en Formentera

Lo cierto es que hay una investigación en marcha que, según ha podido saber Periódico de Ibiza y Formentera, se centra tanto en las adjudicaciones de los servicios de playas para la temporada 2023-2028 como en las supuestas modificaciones que habría sufrido el pliego de condiciones sobre el que se han llevado a cabo las mismas.

Este periódico ha podido comprobar que la denuncia de Córdoba fue formulada ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Madrid. Según el documento al que ha tenido acceso este rotativo, el presidente remitió a esta instancia tres escritos de denuncia los días 28, 30 y 31 de mayo. Escritos que fueron recibidos por la Fiscalía Anticorrupción, que daba cuenta de esta recepción en un documento firmado por el teniente fiscal Antonio Romeral y remitido al propio Córdoba el día 24 de julio. Estas denuncias se refieren al proceso completo de la adjudicación de los servicios de playas y a algunas supuestas irregularidades urbanísticas que podrían haberse cometido durante la anterior legislatura.

La Unidad Central Operativa de la Policía Judicial de la Guardia Civil no solo estaría investigando las adjudicaciones en sí, sino que también trabajaría sobre la elaboración del pliego de condiciones bajo el que se adjudicaron estos servicios. Hay que recordar que tanto el pliego de condiciones como buena parte de estas adjudicaciones se llevaron a cabo en la pasada legislatura, gobernando GxF y el PSOE.

La denuncia de Córdoba coincide en el tiempo con la también formulada por Sa Unió ante la misma instancia pero en Palma y contra el propio Córdoba. Sa Unió reivindicó la semana pasada que la intervención de la UCO estaba relacionada con su denuncia y admitió que desconocía que Córdoba hubiera acudido también a Anticorrupción. Agentes de la UCO han interrogado ya a varios consellers y a algunos funcionarios de la institución, lo que ha dado pie a que unos y otros aseguren que la investigación corresponde a sus respectivas denuncias. La consellera de Sa Unió Verónica Castelló, por ejemplo, relató la semana pasada a este periódico que ella misma había sido interrogada durante varias horas y que en todo momento los agentes le habían informado de que este interrogatorio obedecía a la denuncia presentada por Sa Unió. No existe, sin embargo, constancia de que Córdoba haya sido interrogado por la UCO a pesar de que el presidente es el único denunciado por Sa Unió.

Adjudicaciones
Por otro lado, hay que recordar que las adjudicaciones investigadas ahora por la Justicia se produjeron en la anterior legislatura y que en la actual únicamente se han adjudicado ocho quioscos, en un procedimiento muy controvertido. Los consellers de Sa Unió, entonces en el Gobierno insular, defendían que debían aprobarse en la Junta de Gobierno las propuestas de adjudicación formuladas por la Mesa de Contratación. El presidente Córdoba, sin embargo, pensaba todo lo contrario apoyándose en un informe elaborado por la letrada de Recursos Humanos del Consell, Teresa Ferrer, y en otro realizado a través de la UIB por el experto Felio Bauzà. Ambos documentos recomendaban que el concurso se declarara desierto aunque Bauzà admitía en su informe que solo había tenido acceso a una parte del expediente. Algunos de los empresarios interesados en estas adjudicaciones, por otro lado, recusaron a Córdoba como presidente y miembro de la Junta de Gobierno. Recusación que provocó que Córdoba decidiera no participar en la Junta de Gobierno y que las adjudicaciones fueran finalmente aprobadas por cuatro consellers de Sa Unió, que defendía que el procedimiento era correcto.

La UCO estaría investigando, además, posibles modificaciones en las condiciones de este pliego que se habrían llevado a cabo una vez conocidas las valoraciones técnicas y económicas. Políticos, expolíticos, funcionario y empresarios de Formentera habrían sido ya citados para responder ante los agentes por los hechos denunciados.

Finalmente, hay que recordar también que varios de los antiguos concesionarios de servicios de playas presentaron en su momento recursos contenciosos administrativos contra las adjudicaciones de estos servicios. Acuerdos tanto de la anterior legislatura como de la actual y que están siendo también investigados por la Justicia.