La UCO y la Fiscalía Anticorrupción investigan en estos momentos a más de 15 personas en Formentera, según afirmó este lunes el presidente insular, Llorenç Córdoba. Políticos, expolíticos, funcionarios y empresarios están en el punto de mira de una investigación que obedece a la denuncia presentada por Córdoba ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid a finales del pasado mes de mayo. En una rueda de prensa celebrada este lunes, el presidente explicó que se dirigió a esta instancia tras haber recopilado información y documentación sobre presuntos hechos delictivos desde finales de 2023. Hechos de los que, en algunos casos, habría sido él mismo «testigo», según afirmó.
Córdoba señaló que la investigación de la policía judicial está «muy avanzada». Sin embargo, evitó dar los nombres de los presuntamente implicados porque, ha dicho, hay que respetar «la presunción de inocencia».
Quioscos
Córdoba también señaló que buena parte de esta investigación gira en torno al proceso de adjudicación de los diferentes servicios de playas (hamacas, quioscos y escuelas de vela), iniciado en 2022 por el anterior equipo de Gobierno, de GxF y el PSOE. A las presuntas irregularidades ya conocidas, como la adjudicación de los últimos siete quioscos la pasada primavera (y aprobada por los consellers de Sa Unió en contra de la postura del presidente), Córdoba añadió otras como la supuesta modificación de los criterios técnicos y económicos contenidos en el pliego de condiciones una vez que ya se habían abierto los sobres de los empresarios que concurrían a este concurso. Algo que, ha añadido, la Fiscalía Anticorrupción habría definido como «muy grave».
El presidente no quiso pronunciarse sobre los delitos que podrían haberse cometido. Córdoba afirmó en este sentido que él se ha limitado a remitir a Anticorrupción y a la UCO «indicios» y la documentación sobre las actuaciones que estarían ahora en tela de juicio. No obstante, ha señalado que desde su «entrada en el Consell de Formentera como presidente» ha sido «testigo de acciones y prácticas» que, en su opinión, «vulneran principios esenciales de legalidad y buena gobernanza». Hechos que le llevaron a «recopilar cuidadosamente información detallada de estas acciones y situaciones». En esta recopilación se incluyen «prácticas que presuntamente podrían constituir delitos, así como otras irregularidades que, de confirmarse, afectan a la confianza de los ciudadanos en el gobierno local y comprometen los valores democráticos que defendemos».
«Después de hablar con la Guardia Civil por primera vez y comprobar que había pruebas e indicios claros para presentar una denuncia», ha explicado, «se me guió sobre cómo proceder para recoger y ordenar toda la información que posteriormente iba a entregar». Más tarde, Córdoba se entrevistó con el teniente fiscal Antonio Romeral y respondió «a numerosas preguntas», aportando «pruebas». De esta entrevista, la Fiscalía Anticorrupción dedujo que «había indicios suficientes para abrir una investigación» y recomendaron a Córdoba «presentar denuncia por escrito ante su Fiscalía Especial».
Córdoba señaló que, además, ha sido «asesorado» en todo el proceso, que habría comenzado a finales de 2023, por la Guardia Civil y, a partir de abril de este año, «por parte del teniente fiscal de la Fiscalía Contra la Corrupción y el Crimen Organizado de Madrid». Pero todo se precipitó al presentar Sa Unió una denuncia contra él mismo ante la Fiscalía Anticorrupción en Palma por la polémica adjudicación de los quioscos a la que se oponía.
Situación
El presidente formenterés denunció en la misma rueda de prensa la «situación tan difícil» que atraviesan el Consell y él mismo. Así, ha dicho ser víctima de un «clima de fustigación y persecución» desde que asumió el cargo, por lo que ha considerado «necesario» hacer pública la denuncia «en nombre de la transparencia y con la confianza plena de que ha llegado el momento oportuno para comunicarlo ya que la Fiscalía Contra la Corrupción y el Crimen Organizado, mediante la UCO, ya comenzó hace semanas el proceso de interrogatorios a personas implicadas».
El presidente aseguró que ha sido víctima de «una campaña de acoso y derribo» por parte de Sa Unió desde el momento en el que la coalición ganó las elecciones en mayo de 2023. Y ha añadido que, a pesar de su contribución a aquella victoria electoral, se ha visto «aislado, utilizado y, finalmente, atacado de manera deliberada por aquellos que consideraba mis aliados».
Córdoba, finalmente, también explicó que en la documentación remitida a la Fiscalía Anticorrupción habría también información sobre presuntos delitos urbanísticos cometidos tanto durante la pasada legislatura como en la actual. Sin embargo, evitó dar datos al respecto porque la UCO aún estaría investigando estos hechos. Sin embargo, ha puesto dos ejemplos de lo que está bajo la lupa judicial: la aprobación de una licencia por parte de consellers de Sa Unió en una Junta de Gobierno a la que él, que no compartía esta postura, no pudo asistir y, en la pasada legislatura, presuntas «recalificaciones de terrenos» y tratos de favor a algunos promotores.
2 comentarios
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Este tío tiene pinta de estar empujado por algún empresario cabreao que se quedó fuera del concurso…porque no se entiende que pierda el tiempo con esto teniendo el Consell como lo tiene
Asco de políticos 🤮🤮🤮🤮, no se salva ni uno😡😡😡😡😡