Formentera paraliza unas obras ilegales dentro del Bien de Interés Cultural de es Campament

Después de la inspección realizada, la administración insular ha abierto un expediente instando a restablecer la legalidad urbanística a raíz de la detección de unas obras ejecutadas sin las correspondientes autorizaciones en una parcela situada dentro del áera que ocupaba la antigua Colonia penitenciaria de Formentera. Dicha área está declarada como Bien de Interés Cultural con categoría de lugar histórico desde 2014, la máxima figura de protección prevista en la ley de patrimonio.

Además de la declaración como Bien de Interés Cultural, la Colonia también se encuentra incluida en el catálogo del patrimonio cultural de Formentera como yacimiento arqueológico, con grado de protección A. Por eso, cualquier actuación dentro de esta zona protegida requiere autorización en materia de Patrimonio Cultural y, en cualquier caso, los movimientos de tierra que se prevean realizar han de contar con control arqueológico.

Los hechos, comprobados a través de una inspección llevada a cabo el pasado 13 de junio por los Servicios de Inspección a instancia del área de Patrimonio Cultural, revelaron que se habían ejecutado movimientos de tierra para plantar olivos. También se detectó la construcción de una piscina y pérgolas sin autorización previa ni ningún tipo de control arqueológico de los movimientos de tierra.

Además, se establece que las obras «han comportado la alteración del subsuelo en una buena parte de la parcela sin autorización» en materia de patrimonio cultural «ni ningún tipo de control arqueológico».

Los informes técnicos y jurídicos concluyen que las obras constituyen una infracción muy grave, ya que pueden haber comportado destrucción de elementos que forman parte de un Bien de Interés Cultural, así como el incumplimiento del deber de conservación.

La orden de paralización inmediata de las obras y el inicio del procedimiento de restablecimiento de la realidad física alterada advierte de que el procedimiento sancionador se iniciará contra los presuntos responsables que en este caso sería la propiedad de la finca, la promotora y la empresa constructora.

Los servicios técnicos especifican que, a falta de un plan especial de protección, cualquier actuación que se lleve a cabo en la zona «necesita la aprobación de la Comisión Insultar de Patrimonio Histórico del Consell».