J.CARCASONA/J.J.MONERRI Las denuncias contra obras ilegales en Sant Josep se han reducido a más de la mitad en dos años. Según las cifras facilitadas por la Policía Local en 1997 se abrieron 79 expedientes, frente a los 36 que se pusieron en marcha el año pasado. En cuanto a paralización de obras, el año pasado la Policía actuó sobre 39 casos, frente a los 56 de 1997.

El hecho de que el año pasado hubiera más suspensiones de obras que denuncias se debe a que algunos expedientes del 97 no se pudieron aplicar hasta el 98. En lo que se refiere al número de inspecciones, éstas también han descendido ligeramente en los dos últimos años. En el 97 se abrieron 148 expedientes, frente a los 122 del 98.

El concejal de Urbanisme de Sant Josep, José Marí Ribas, Reganes, explica que «sólo se paran aquellas obras que realmente están fuera de la legalidad y no son legalizables». Cuando se dan estos casos, el Ayuntamiento abre un expediente solicitando al propietario una multa «que es de entre el cincuenta y el cien por cien del valor de lo que se está construyendo», afirma Marí Ribas. «La cantidad de la sanción -añade- también depende de si las obras ilegales se han hecho en un zona de montaña protegida, especialmente un Area Natural de Especial Interés (Anei) o en suelo urbano».

EXTRANJEROS
No obstante, para cobrar las multas u obligar a demoler unas obras que no son legalizables a veces es necesario «esperar hasta varios años, porque los propietarios suelen presentar alegaciones e incluso recurrir a los tribunales», añade el concejal de Medi Ambient. Además, es la Comissió Insular d'Urbanisme (CIU) quien debe autorizar la demolición.

Marí Ribas explica que las infracciones más graves acostumbran a cometerlas ciudadanos extranjeros: «Lo cierto es que hay de todo: ibicencos, peninsulares y extranjeros, aunque entre estos últimos los hay más que quieren hacerse grandes casas en lugares donde no pueden , y en estos casos las infracciones son mayores, y también las sanciones económicas».

«Un 90 por ciento de las casas payesas deben regularizarse»
Una de las problemáticas urbanísticas que aparecen a menudo en el municipio de Sant Josep es la de las casas payesas. Según explica el concejal de Urbanisme, «un noventa por ciento de las casas payesas tienen que regularizarse, porque la mayoría o no tiene cerficados de antigüedad o no consta cómo es». Esta situación también se repite a menudo con pequeñas viviendas «que se han ido construyendo poco a poco y han pasado de tener una casa pequeña a una infraestructura mayor sin contar con los permisos de ampliación», señala Marí Ribas.