El equipo de gobierno de Santa Eulària accede, a petición del Pacte
Progressista, a crear un nuevo departamento para revisar cada uno
de los certificados de los registradores de la propiedad que entren
en el Ayuntamiento. La propuesta de la oposición, aprobada por
unanimidad en el pleno, viene a raíz de la denuncia realizada por
el Pacte después de que se intentaran legalizar viviendas en es
Canar, es Figueral y can Castelló mediante la emisión de
certificados falsos de antigüedad.
Desde 1997, los registradores de la propiedad están obligados a
comunicar a los ayuntamientos las declaraciones de antigüedad o de
ampliaciones de viviendas que se inscriban con certificados de
técnicos urbanísticos sin tener que pasar antes a ser informados
por la administración municipal. El portavoz del Pacte, Carlos
Salinas, reclamó ante el pleno la necesidad de crear un registro
municipal de los certificados remitidos por los registradores de la
propiedad para que los servicios técnicos y los concejales «puedan
controlar y comprobar la veracidad de las certificaciones
realizadas por técnicos ajenos al Consistorio», tal y como ha
sucedido en el caso denunciado recientemente por la oposición.
El Pacte descubrió que los documentos de las citadas viviendas
fueron expedidos por el mismo arquitecto técnico que acreditó que
las viviendas fueron construidas hace más de diez años, cuando no
aparecen ni en la fotografías aéreas de la zona realizadas en 1997
y 2000 ni en los planes catastrales. El alcalde de Santa Eulària,
Vicent Guasch, reconoció ante el pleno que el Ayuntamiento debe
comprobar los registros que entran en el Consistorio. «Con darles
entrada no basta, hay que comprobarlos y hacer un expediente de
cada uno. Es obligación del Ayuntamiento, pero hasta ahora no lo
hemos hecho», señaló.
Carlos Salinas pidió, además, una revisión retrospectiva de los
certificados que han entrado en el Ayuntamiento: «Desde 1997 no se
ha comprobado ninguno, por lo que podría haber más casos».
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