El Ayuntamiento de Eivissa anunció ayer el inicio de los trámites para rescindir el contrato con la empresa que gestiona los aparcamientos de zona azul del municipio, Park Control. El motivo es el impago del canon fijo que la empresa debe abonar al Consistorio por explotar los aparcamientos. La deuda corresponde a los últimos dos trimestres de 2009 y, según el Partido Popular de Vila, asciende a más de 400.000 euros, ya que el canon anual estipulado por los cuatro trimestres es de 872.000 euros.
El Consistorio hizo público ayer que inició la rescisión del contrato el pasado mes de diciembre, después de que los populares de Vila denunciaran, por la mañana, esta situación.
La portavoz de los conservadores, Virtudes Marí, criticó que la empresa no sólo adeuda al Consistorio el canon fijo sino también el variable, «en función de la diferencia entre lo que ha ingresado y los gastos de explotación». «El Ayuntamiento lleva años sin cobrar el canon variable y eso es, como mínimo, una negligencia», destacó Marí, para quien lo peor es que «ningún departamento municipal controla esta contrata, que no rinde cuentas de los ingresos y los gastos que genera».
«En el departamento de intervención dicen que hace años que no tienen estos datos», destacó la portavoz, que acusó al Consistorio de cometer «una suma de negligencias y de irresponsabilidades políticas gravísimas», ya que la explotación de la zona azul es una de las contratas «más importantes» del Ayuntamiento. La misma, indicó Marí, opera desde el año 2000 y en la actualidad gestiona 1.800 aparcamientos de pago en la vía pública.
«Siempre hemos dicho que el afán del Ayuntamiento con la zona azul era recaudar, pero con los datos que tenemos vemos que ni siquiera es el Ayuntamiento el que recauda sino que la que gana dinero es la empresa privada. Si lo primero era preocupante, lo segundo raya lo delictivo», afirmó la portavoz.
Acusaciones «graves»
Por su parte, el Ayuntamiento de Eivissa emitió ayer un comunicado para «lamentar» que el Partido Popular «se dedique a criticar asuntos que afectan a la ciudadanía sin conocer a fondo el tema y sin aportar soluciones». «Más grave resulta aún que se acuse a los miembros del Consistorio de cometer un presunto delito sin basarse en ningún fundamento legal y dando por descontado que se está beneficiando de una forma ilícita a una empresa», concluyó el Consistorio.