Joan Carles Palerm y Neus Prats, ayer en la sede del GEN. | Marco Torres

Los responsables del grupo ecologista GEN (Grup d'Estudis de la Naturalesa) pidieron ayer al Consell d'Eivissa que apruebe ya la modificación del Plan Territorial Insular (PTI) y deje de negociar con el PP para preparar decretos ley que «protegen las infracciones y la corrupción». Los ecologistas consideran que se está demorando de forma «injustificada» el PTI mientras el PP y el PSOE aprovechan para preparar baterías de medidas legislativas que legalizan «infracciones y presuntos delitos urbanísticos». De hecho, consideran que se están haciendo «trampas legales» para «proteger a la delincuencia urbanística que está sentada en cargos públicos» y advirtieron de que, si el Consell prevarica, lo denunciarán ante los tribunales. «No pueden solucionar algo que un juez ya ha dicho que era claramente ilegal», sostienen.

De esta forma, el GEN se refiere a la ley que está negociando el presidente del Consell, Xico Tarrés, con los alcaldes del PP para arreglar la situación de alegalidad en la que han quedado algunas zonas de Eivissa debido a sentencias o modificaciones legislativas. Es el caso de los urbanizables de Platja d'en Bossa y Cala Tarida, dos amplias zonas ya construidas que se han convertido en suelo rústico por sentencia judicial, o de una propuesta para legalizar viviendas ya existentes que se edificaron de forma ilegal. Asimismo, se planea poner condiciones menos estrictas para los agroturismos o reducir el ámbito de protección de las iglesias.

«Está todo hecho»

El presidente del GEN, Joan Carles Palerm, aseguró que el Consell tiene ya el PTI listo y lo podría aprobar el lunes mismo si quisiera. De hecho, considera que los cambios se tendrían que haber aprobado ya el primer año de legislatura, porque ahora todos los planeamientos municipales se ajustan a un PTI que permite aumentos de crecimiento «insostenibles» de un 50% o un 100%. Respecto a la iniciativa legislativa que preparan Consell y PP, Palerm indicó que son «ilegalidades» aprobadas en el anterior PTI y que han sido tumbadas por los tribunales. «No podemos esperar eternamente a que se apruebe el nuevo PTI mientras PP y PSOE se entienden para ver cómo hacen una trampa para evitar prevaricar», indicó Palerm, que consideró que esto es otra «ley Cretu». De hecho, los ecologistas recuerdan que hay políticos acusados de recoger suelos como edificables cuando no lo eran en el PTI vigente, con lo que esta medida legislativa es para «evitar que la corrupción se siente en el banquillo de los acusados».

«Esto es un agravio comparativo absolutamente intolerable para aquellas personas o empresas que se han tomado la molestia de actuar conforme a la normativa cuando no hacía falta porque parece ser que luego se hace una ley a medida y se les legaliza todo», añadió la dirigente ecologista Neus Prats, que calificó este hecho de «patético» y «triste». «Lo único que se persigue son las minucias y depende también de quién las comete», agregó Prats.

Desde el GEN confían en que la iniciativa legislativa que negocian Tarrés y el PP sea rechazada por diputados «del color político que sea» en el Parlament. «Esperamos que tengan la decencia de negarse a plegarse a estas medidas que se pretenden impulsar desde Eivissa y que son la vergüenza de cualquier Estado democrático», dijeron los ecologistas, que esperan que esto no sea aprovechado desde Mallorca como una oportunidad para que «los ibicencos se hundan», porque históricamente todas las leyes territoriales baleares han sido «menos proteccionistas para Eivissa».

«Se nos prometió que iban a acabar con las leyes a medida y que harían una normativa basada en la sostenibilidad y nada de esto se está haciendo realidad», añadió Neus Prats, que aseguró que lo único que se ha hecho hasta ahora es poner moratorias que «provocan inseguridad jurídica», demuestran «la absoluta inoperancia de la Adminsitración» y que acaban teniendo un «efecto rebote» porque luego sólo sirven para «aprobar normativas más flexibles».

Además, consideró que la masificación que sufre la isla es «inasumible» y, sin embargo, las instituciones siguen proyectando un puerto y un aeropuerto con más capacidad pese a que están «infrautilizados» en invierno. «Cualquier persona puede ver que esto es un error, pero no se dan soluciones y tenemos una política continuista extremadamente preocupante», añadió la dirigente ecologista, que considera que se está produciendo una «involución» en materia territorial.

«Lo único que ha traído paz es la crisis»

La dirigente del GEN Neus Prats dijo que lo único que ha traído un «poco de paz» al frenesí constructor de la isla ha sido la crisis económica. «Esto ha hecho que la presión sea menor, pero en ningún caso vemos propósito de enmienda, ni de avance a un nuevo modelo, porque se hace todo con los mismos errores de siempre y se plantean seguir masacrando el territorio», añadió Prats, que exige a la Administración que tome «medidas concretas y urgentes» para desarrollar una política territorial sostenible. «Los modelos basados en la masificación son los que han generado más rechazo en la opinión pública y no hay forma de que los políticos de turno, sean del color que sean, hagan propósito de enmienda, rectifiquen y vean que no se tiene que gobernar para según qué intereses», añadió.

Los ecologistas indicaron que esto pone de manifiesto que «los que mandan son los de siempre y los que dictan las leyes a los que gobiernan». «Las promesas electorales de una ordenación sostenible se las lleva el viento cuando según quién coge el teléfono y llama a quien gobierna», agregaron.