Redacción LocalEivissa03/04/10 0:00
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El Grupo Popular en el Parlament, a través de su diputado por Eivissa Miquel Jerez, ha presentado una iniciativa parlamentaria en la que se insta a la Cámara autonómica a que proponga al Ministerio de Fomento la eliminación de la obligatoriedad de implantar el tacógrafo en el transporte de mercancías y personas en Eivissa y Menorca.
Según la última modificación del Real Decreto que regula este tipo de actividades, desde principios de año quedan obligados a hacer uso de este dispositivo y someterse a las normas sobre tiempos de conducción y descanso los transportistas que operen en territorios cuya superficie supere los 250 kilómetros cuadrados, una reducción del área prevista que obliga a los transportistas ibicencos a asumir estas nuevas obligaciones.
Para Jerez, «la aplicación de esta medida es excesiva y provoca notables perjuicios económicos al sector del transporte, obligando al transportista a respetar jornadas de descanso que, en una isla con trayectos excesivamente cortos, no tiene apenas sentido».
Según el político popular, «teniendo en cuenta las particularidades de la isla, la eliminación del uso del tacógrafo debería compensarse con otras medidas que, sin perjudicar intereses económicos, garantizasen también la seguridad de las personas».
En un comunicado de prensa emitido ayer, el Partido Popular recordó que en el Consell de Eivissa y en el de Menorca se han aprobado, por unanimidad, distintas mociones dirigidas al Gobierno para que suprima la obligación del uso del tacógrafo. «Del mismo modo, las islas menores del archipiélago canario han manifestado también su protesta en el mismo sentido, presentando iniciativas en el Senado para que el Gobierno del Estado actúe en consecuencia», añadieron fuentes de los conservadores.
El diputado Enrique Fajarnés también ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley, instando al Ministerio de Fomento a regular esta materia de acuerdo con las características y peculiaridades insulares.

«Se ha legislado de espaldas a la realidad»
Para Miquel Jerez, «con carácter previo a la aprobación de cualquier norma, resulta imprescindible conocer la realidad social y económica que se verá afectada. En este caso se ha legislado de espaldas a esa realidad y las consecuencias agudizarán las dificultades que padece el sector».
La postura de los populares y de las administraciones insulares concuerda con la de las distintas patronales afectadas, que han pedido la retirada de esta modificación de la normativa.