El Parlament aprobó, con los votos del PSIB, Bloc, UM y Eivissa pel Canvi y la abstención del PP y AIPF, la convalidación del Decreto Ley de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general, que implica la instalación de la nueva depuradora de Vila en los terrenos del cuartel militar de Sa Coma (Eivissa) y la construcción de un centro de interpretación de la Reserva de la Biosfera en s'Enclusa, en el municipio de Ferreries.
El parlamentario del PP Miquel Jerez anunció que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad contra este Decreto Ley, aprobado por el Govern el pasado 26 de marzo, al considerar que «mutila las competencias municipales» de los Ayuntamientos afectados que, a su juicio, quedan en una posición de «indefensión» al no poder decidir con autonomía los usos que se les da tanto a los terrenos de Sa Coma, como a los de s'Enclusa.
«Se deben tener en cuenta los derechos inalienables que tienen las instituciones locales», insistió Jerez, quien censuró que el citado Decreto Ley supone un «acto de agresión» a las competencias municipales de los dos Ayuntamientos afectados.
El diputado 'popular' remarcó que su grupo no está en contra de Sa Coma, sino «todo lo contrario», ya que entiende que los terrenos del antiguo acuartelamiento suponen, a pesar de que se adquirieron a un precio «inasumible», una «magnífica oportunidad para instalar servicios necesarios para Ibiza, pero haciendo las cosas bien y respetando la autonomía de las instituciones municipales».
Concretamente, en el caso del antiguo acuartelamiento de Sa Coma, que tiene una inversión prevista de 50 millones de euros, el Decreto Ley establece que antes de que el Consell Insular d'Eivissa apruebe un plan especial que ordene este ámbito, asignará a las diferentes zonas los correspondientes usos previstos, tras informar a los ayuntamientos afectados.
Esto permitirá adelantar las obras, mediante las cuales se prevé instalar en Sa Coma un campus de la Universidad a Distancia (UNED), así como un centro de emergencias y unas instalaciones deportivas. Además, el Decreto Ley, que se tramitará como Proyecto de Ley, tras ser aceptado con el asentimiento de todos los grupos y a propuesta de UM, también permite implantar infraestructuras de interés insular que estén justificadas por razones ambientales, como es el caso de la nueva depuradora de Vila.
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