La Conselleria balear de Medi Ambient supervisará la retirada de las tierras de la autovía de los terrenos de Empresas Matutes a una cantera autorizada para vigilar si aparece algún residuo peligroso entre los restos. La Conselleria d'Obres Públiques anunció el 15 de abril que daba un plazo de un mes a la UTE Accesos Ibiza, que construyó la autovía al aeropuerto, para retirar las tierras. Por el momento la empresa no ha hecho ningún movimiento y si transcurren los 30 días sin dar comienzo a los trabajos, la retirada la hará el Govern con cargo a la fianza que depositó la empresa al comenzar las obras, que fue de 2,5 millones de euros.
Ante esta situación, la Conselleria balear de Medi Ambient ya ha enviado un aviso a Obres Públiques para que no se empiece con esa retirada del material sin avisarles y sin pedir permiso previamente al Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, donde se investiga penalmente esta acumulación de tierras.
Ya hubo análisis
En su día la Conselleria encargó unos análisis a una empresa holandesa a petición del juzgado para determinar si había materiales peligrosos entre las tierras de la autovía. Se encontraron restos asfálticos, pero no de hulla, que está considerada como un residuo peligroso.
Eso sí, la Conselleria todavía tiene abierto un expediente sancionador por mala gestión de residuos que ahora mismo está a la espera de que se cierre el proceso judicial para seguir su curso.
Desde Medi Ambient aseguran que cuando se produzca la retirada de tierras volverán a realizar analíticas para ver si realmente no hay ningún residuo peligroso, ya que en su momento los análisis se hicieron en base a catas sobre el terreno.
El informe sobre las tierras realizado por la empresa holandesa determinó que no había restos de materiales peligrosos para la salud humana ni para los ecosistemas, aunque sí se halló asfalto. En lo que sí que incidía el informe es en que estos restos (asfalto, aceites vegetales, etc.) no pueden quedarse sobre el terreno y, por lo tanto, se tienen que llevar a lugares autorizados en los que se proceda al tratamiento de residuos.
En base a este informe, la Fiscalía solicitó la declaración como testigos de los especialistas que lo han elaborado. De todas formas, descartó que se pudieran haber producido delitos contra el medio ambiente por verter materiales peligrosos. Sin embargo, consideró que hay que seguir investigando por si se hubiera cometido un delito contenido en el artículo 329 del Código Penal, referido a «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de actividades contaminantes».
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