El grupo en la oposición de Sant Antoni anunció ayer que ha presentado ante el Tribunal de Cuentas el pago de 4,7 millones de euros de facturas atrasadas «sacadas de un cajón, que no se conocían y estaban sin fiscalizar», según apuntó la portavoz Laura Carrascosa. En este sentido, criticó que estas deudas, algunas de ellas con fecha de 2002, «no estaban reflejadas en ningún presupuesto anterior, las sacaron de un cajón».

Todo esto vino a raíz de la moción presentada por el equipo de gobierno para instar al Ejecutivo central a impulsar la nueva ley de financiación local: «Hace falta esta ayuda porque los ayuntamientos están ahogados porque cada vez tenemos más competencias sin recibir este soporte económico», indicó el concejal Joan Pantaleoni. Carrascosa, por su parte, apuntó que es necesaria más financiación para las administraciones municipales «pero los presupuestos deberán estar auditados para que no exista este despilfarro después del gasto de más de 4,7 millones fuera de fiscalización». Por ello, desde el PSOE-ExC optaron por rechazar la moción ya que, según indicó la portavoz, «el trabajo se está haciendo y el Gobierno tiene el compromiso de que la nueva ley entre en vigor en 2011».

Las facturas, según Carrascosa, eran en concepto de actuaciones musicales o pequeñas obras: «No nos pueden dar lecciones de financiación, ni que van ahogados cuando ellos van gastando y sin que nadie lo controle. Ni de que van ahogados cuando ellos van gastando y sin que lo controle. Como esta deuda de los 4,7 millones no estaba reflejada, pensamos que puede haber una posible irregularidad o ilegalidad». La portavoz en la oposición indicó que, a pesar de que en otras instituciones también pasa, «están documentadas, no como en el caso de Sant Antoni».

Ante esta crítica, el alcalde del municipio, José Sala, señaló que se hizo el pago del montante adhiriéndose a un decreto del Gobierno, «que reconoció la situación de dificultades económicas».

«Había facturas que no estaban pagadas porque, en su momento, no había partida económica o porque no se había hecho el expediente previo de contratación», indicó Sala, que recalcó que en todas las instituciones pasa lo mismo. «Sé que no es una práctica buena, pero es habitual y no es voluntaria; pero es el funcionamiento de la administración», señaló el alcalde, que recordó que se está cumpliendo a «rajatabla» el plan de saneamiento del Ayuntamiento.