El presidente del Govern balear, Francesc Antich, respondió ayer a la petición del Partido Popular de Eivissa de contar con una copia del resultado de la auditoría de las autovías antes o a la vez que se haga público para evitar «una campaña de descrédito» contra el PP.

Antich aseguró al respecto que la auditoría se dará a conocer «con la máxima transparencia» y «a la vez a todas las fuerzas políticas» porque, destacó, «esta auditoría no está en contra de nadie sino a favor de la transparencia en un tema que ha sido controvertido».

El presidente del Ejecutivo balear no entró a valorar las críticas del PP a los tres años que ha tardado el Govern en realizar el informe (que está a punto de salir a la luz pública), un período en el que los populares dicen haber soportado «insinuaciones sobre conductas negligentes». Sobre esta cuestión, Antich se limitó a asegurar que «cada cosa tiene su tiempo para hacerse» y a remarcar que, si se ha hecho esta auditoría, que ha costado 870.000 euros, «es porque había una voluntad clara de saber y tener conocimiento de la gestión en relación a estas autopistas». «No se hizo con la idea de ir en contra de nadie sino a favor de la máxima transparencia», insistió el presidente del Govern.

Cabe recordar que sobre el coste de la auditoría los populares también quieren una justificación para saber «si se ha malgastado este importe en un documento totalmente innecesario y prescindible» y, en este sentido, advierten de que si la auditoría demuestra que el PP «actuó con corrección» en la construcción de las carreteras, se plantearán «tomar medidas» y exigir responsabilidades «a quienes hayan hecho uso indebido de los fondos públicos».

Competencias

El presidente del Govern se refirió también al traspaso de las competencias turísticas al Consell d'Eivissa y aseguró que «los problemas económicos por los que pasan todas las instituciones» es el principal obstáculo para llevar a cabo el traspaso, aunque destacó que se dará participación a los consells «en todos y cada uno de los acuerdos que se suscriban en materia turística» hasta lograr «el acuerdo definitivo» que descentralice las competencias en manos del Govern balear.