El conseller balear de Obres Públiques, Jaume Carbonero, anunció ayer en la sesión del Parlament balear que finalmente no se construirán las nuevas oficinas portuarias proyectadas por el anterior conseller, Miquel Àngel Grimalt, de Unió Mallorquina, para el puerto de Sant Antoni.
Carbonero explicó que a cambio se ampliará la estación marítima y se instalarán allí las oficinas. Asimismo, indicó que las actuales sedes de la Cofradía de Pescadores y de las oficinas portuarias se derribarán para «esponjar la fachada marítima» y que en esta localización se creará un espacio público.

Nueva cofradía
En este sentido, desde la Conselleria indicaron también que la cofradía de pescadores se trasladará a la zona de muelle de pesca donde se construirá una instalación adecuada a sus necesidades. Sin embargo, desde la Conselleria aseguraron también que ambos proyectos deberán esperar a la redacción de Plan Especial de Usos del Puerto.
Carbonero aseguró en la sesión parlamentaria que Sant Antoni es «un ejemplo paradigmático de lo que denomina un puerto-ciudad» y que «sería imposible ordenar la vida de Sant Antoni sin tener en cuenta el puerto» y viceversa. Por ello, el conseller indicó que «es absurdo que la línea de delimitación de la zona portuaria divida un conjunto urbano en dos partes con competencias diferentes» y, en este sentido, afirmó que «es imprescindible llegar a acuerdos» con el Ayuntamiento para ordenar estos «espacios comunes». En concreto, el conseller señaló que «es necesario ceder el Passeig de ses Fonts al Ayuntamiento», y destacó que «se debe optimizar el uso de la estación marítima para que se utilice durante todo el año y no como ahora que se usa sólo en temporada turística».

El plan de usos del puerto, en redacción
El conseller hizo su anuncio en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado socialista, Joan Boned, sobre el estado de la redacción del Plan Especial de Usos del puerto de Sant Antoni. En este sentido, el conseller Jaume Carbonero, aseguró que la redacción del plan de usos del puerto fue adjudicada en febrero a la empresa GPB y tiene un término de ejecución de seis meses, prorrogables a seis meses más. Según indicó el conseller, la redacción se está llevando a cabo mediante reuniones con el Consistorio y con usuarios del puerto.