Vila aprueba la reducción salarial de sus 418 trabajadores con el voto en contra del PP

El grupo popular votó en contra de la medida que afectará a un total de 418 trabajadores municipales, de los cuáles 289 son funcionarios, 94 pertenecen al personal laboral, 29 al área de Deportes y seis al Museu d'Art Contemporani (MACE).

El punto no estuvo exento de polémica. El concejal popular Adrián Trejo calificó la medida de «insolidaria e injusta», mientras que el edil socialista, Enrique Sánchez le respondió con una acusación de «insumisión legal» por votar en contra. Trejo aseguró que aprobarlo en pleno puede dar «más o menos» seguridad jurídica pero le recordó que es una ley de «cumplimiento directo». El concejal popular aseguró también que las medidas de Zapatero son «ineficaces» e «improvisadas» y acusó al Gobierno de «fallar a los pensionistas, a los trabajadores y a las empleados públicos». «Si estuviéramos en una cafetería hablaríamos de hipocresía política» dijo, en relación a que en la manifestación de funcionarios en contra de la reducción salarial había concejales socialistas y de izquierdas del equipo de gobierno y miembros de la Federación Socialista de Eivissa (FSE). «Están en contra fuera pero aquí hacen lo que tienen que hacer», criticó. «Si estuviéramos en una cafetería sería hipocresía política pero si estuviéramos en un hospital sería trastorno de personalidad o personalidad múltiple», acusó el concejal popular.

«Incoherente»

Por su parte, Enrique Sánchez, contraatacó diciendo que el PP «es incoherente e irresponsable», y defendió que el Consistorio «está obligado a aprobar» las medidas. Sánchez recordó que el pleno vota «si se cumple o no la ley», y que es «irresponsable» votar en contra. Según Sánchez, «está claro» que a muchos socialistas «no le gustan las medidas». «Pero el Gobierno, gobierna y toma decisiones», destacó, y aseguró que al votar en contra el PP «incumple» lo que acordó en la Federació d'Entitats Locals de Balears (Felib), también compuesta por alcaldes populares, y donde los ayuntamientos de las Islas acordaron cumplir con el Decreto. «Supongo que allí donde está gobernando el PP el alcalde votará en contra de lo que dice la ley, por coherencia», criticó Sánchez, que también acusó al PP de «trastorno de personalidad múltiple», por pedir en 2009 «que se dejara de pagar la productividad», recientemente, una reducción de funcionarios y, ahora, votar en contra de la bajada salarial.

Tras el debate, gobierno y oposición aprobaron por unanimidad la reducción de los salarios de cargos públicos que, junto al de los funcionarios, supondrán un ahorro de 600.000 euros al año que estarán destinados, tal y como dice el decreto del Gobierno, a reducir la deuda municipal que, actualmente, asciende a 23,3 millones. También se aprobó una reducción del 15% a la asignación de los grupos políticos.

El pliego para renovar el servicio de agua queda sobre la mesa

El pliego de condiciones para renovar el servicio de agua municipal por los próximo 20 años quedó ayer sobre la mesa. Los populares pidieron poder consensuar algunos aspectos del mismo para poder sacar adelante el documento por unanimidad, por lo que el equipo de gobierno decidió retrasar la aprobación hasta el próximo pleno, que se celebrará a final de mes.

Por otra parte, sí se aprobó desestimar el recurso de reposición interpuesto por la empresa Aqualia, cuya concesión de 20 años por el servicio municipal de agua termina el próximo mes de octubre. El pasado mes de abril, el Consistorio ya desestimó las alegaciones que presentó la empresa, que entiende que la adjudicación se debe extender cinco años más. Aqualia recurrió la desestimación de las alegaciones, y ahora el Consistorio desestima este recurso.

Según el concejal de Medio Ambiente, Joan Rubio, si la empresa opta ahora por la vía judicial, no afectará al nuevo pliego de condiciones con el que se prevé renovar la contrata y el mismo podrá salir a concurso público.