Marc Costa presentó las propuestas de expropiación de sa Penya. | Marco Torres

El concejal de Mobilitat i Medi Ambient de Vila, Juan Rubio, anunció ayer en el transcurso del pleno que desde que se ha intervenido la empresa Park Control (la encargada de la zona azul) y se ha creado la cuenta bancaria conjunta (en la que entra cada día todo el dinero que se recauda a diario en las máquinas y de la que sólo pueden hacer los pagos que autoriza el Ayuntamiento) se ha reducido la deuda que tiene la empresa pendiente con el Ayuntamiento. A día de hoy deben 143.853 euros del 2009 (del total de 400.000 euros aproximadamente que debían) y se va liquidando de manera periódica, con lo que está previsto que se siga reduciendo esta deuda a lo largo de los próximos meses. Una vez extinguida esta deuda se empezará a liquidar el presente ejercicio.
En el pleno el concejal del Partido Popular Alejandro Marí, denunció que el Plan de Excelencia Turística pagó «casi el doble» a la gerente de esta entidad, Elisenda Belda, por desempeñar la misma labor que meses atrás.
Marí reveló que Belda finalizó su contrato con la Corporación municipal el 31 de agosto de 2009. Hasta la fecha, el Consistorio le pagaba «6.691 euros mensuales por un contrato de alta dirección», según el edil 'popular'. «Seis meses después, nos encontramos con que la gerente está cobrando 11.671 euros», criticó Marí.
El concejal de Turismo y tercer teniente de alcalde Vicent Ferrer explicó que, cuando Belda finalizó su contrato, «el Plan de Excelencia tenía que continuar, para lo que se contrató a una empresa externa». Esta compañía consideró que Belda era la persona más indicada para seguir al frente del proyecto.
Ferrer aclaró también que los más de 11.000 euros que la empresa le pagó después a Belda «salieron de un remanente que tenía el Plan de Excelencia Turística». El concejal de Turismo subrayó que las decisiones de esta entidad no las toma él unilateralmente.
«La junta está compuesta por responsables de varias administraciones, como la directora insular de la Administración del Estado, Sofía Hernanz, la consellera insular de Turismo Pepa Marí, o el presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera, Juan José Riera». «Está todo aprobado, finalizado y correcto», zanjó Ferrer.
El equipo de Gobierno municipal manifestó en un comunicado que «no se puede consentir por más tiempo esta política, ya habitual del PP de Vila, de difamar sin tener pruebas de nada, poniendo en entredicho la trayectoria de cualquier persona con el único objetivo de conseguir réditos políticos».
Desde el Ejecutivo de Vila consideraron «incomprensible que un proyecto de 3 millones de euros en relación al Plan de Excelencia Turística que se ha ejecutado durante más de cuatro años contando con la unanimidad de todos sus miembros esté siendo cuestionado por un concejal que ni tan sólo sabe de qué habla cuando hace estas graves acusaciones en un salón de plenos». Finalmente, el concejal del PP Alejandro Marí criticó el pago de una factura de 300 euros a la hermana de la gerente del Plan de Excelencia, Elisenda Belda, con motivo de la Mostra de Creativitat del año 2007. El Ayuntamiento de Eivissa informó ayer que Jorgina Belda y Mario Riera habían sido seleccionados por la comisión asesora de la Mostra y que «como con todos los asistentes seleccionados había un presupuesto aprobado por la comisión para comprar los materiales que necesitaban para su propuesta, para los cuales debían presentar la factura correspondiente».
En otra de las mociones, la oposición pidió la dimisión de Juan Rubio por el retraso que ha habido en la concesión del servicio de hamacas en la playa de Talamanca y que ha levantado las protestas de los empresarios de la zona.

Urbanización de Can Escandell
También se aprobó, con la abstención del PP, el convenio con el Ministerio de Vivienda cpm el que se prevé crear una gran zona verde en can Escandell y construir 434 viviendas de protección oficial. A través de este convenio, el Ministerio asume la creación del parque y la urbanización de la zona con el compromiso de destinar el suelo exclusivamente a la construcción de viviendas protegidas y equipamientos públicos. El pleno aprobó con el voto a favor de los concejales del equipo de gobierno y la abstención del PP los proyectos para expropiar las unidades de actuación 27 (las calles Alt i Retir) y la 2 y 3 (donde se construirá el centro cívico).