La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha iniciado un expediente sancionador contra las navieras Baleària, Trasmediterránea-Acciona e Isleña Marítima de Contenedores (Iscomar) por posibles acuerdos de reparto de mercado y de fijación de precios de los servicios de transporte marítimo regular de pasajeros y de mercancías en las líneas entre Balears y la Península y las líneas interinsulares. La CNC da este paso porque considera que existen «indicios racionales» de que se ha incumplido la ley.
Este expediente se ha abierto tras la denuncia presentada por el Consell d'Eivissa, que fue acordada confidencialmente en una reunión del Consell Executiu del 16 de abril. «Lo hicimos así para no perturbar las investigaciones de la CNC», aclaró ayer el conseller de Mobilitat, Albert Prats, quien comenzó a investigar este posible reparto del mercado a finales de 2009 al comprobar que Baleària impuso una tasa llamada BAF poniendo como excusa el elevado precio del combustible cuando éste estaba bajando y añadió unos recargos portuarios «sin sentido». «Vimos indicios muy importantes», recordó Prats, que añadió que el aumento de precios de las navieras coincidió con la decisión de Baleària de operar sólo con el Levante y de Trasmediterránea de centrarse en Barcelona, en un reparto de rutas que consideraron sospechoso.
«Algo habrán encontrado»
El conseller indicó que es todo un éxito que se haya llegado a abrir un expediente sancionador porque «se presentan muchas denuncias ante Competencia y no todas prosperan». «Ésta se ha tramitado de forma muy ágil porque seguramente algo se ha encontrado; pero hay que recordar que Formentera denunció una situación así hace años y nunca llegó a ir adelante», remarcó Prats, que indicó que Competencia sólo ha tardado cuatro meses en abrir expediente, lo que demuestra también que la denuncia «estaba bien argumentada».
El expediente se abre por posibles conductas anticompetitivas consistentes en adopción de acuerdos entre empresas cuyo objeto sería el reparto del mercado y la fijación de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio. Estas actuaciones serían contrarias a la ley de defensa de la competencia.
Previamente, la dirección de investigación de la CNC inició una «información reservada» con el fin de determinar con carácter preliminar si se daban las circunstancias suficientes para iniciar este expediente. Fue entonces cuando se inspeccionaron las sedes de Trasmediterránea y Baleària los días 11 y 12 de mayo. Esta operación tuvo lugar en las centrales de Palma de Mallorca, Madrid, Valencia y Dénia y se realizó «por sopresa», manteniendo al personal en el interior de las oficinas y vigilado en todo momento para evitar una posible destrucción de documentos tanto en papel como en soporte informático.
La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. De hecho, ahora se abre un período de 18 meses para instruir el expediente y para obtener una resolución. Según informaron fuentes de la CNC, ahora se analizará la documentación encontrada en la sede de las empresas, se pedirá más información, se convocará a las partes y éstas podrán presentar alegaciones.
El presidente del Consell d'Eivissa, Xico Tarrés, también se refirió al expediente asegurando que desde la máxima institución insular se dio trámite a las denuncias que les llegaron por parte de las patronales. «En su momento recibimos las quejas de empresarios y de particulares de aquello que ellos consideraban anormal y recogimos sus propuestas para darles el trámite correspondiente, ahora deberá ser el tribunal el que diga lo que considere», indicó Tarrés.
Prats: «No me vale que haya una sanción y los precios sigan igual»
El conseller de Mobilitat indicó que la posible sanción a las navieras no es el «objetivo último de la institución». «El Consell lo que quiere es que la Administración competente haga sus deberes para que no se vuelvan a dar abusos de este tipo, no me vale que haya una sanción y que los precios sigan igual, lo que tiene que haber es una competencia real», indicó Prats, que recordó que este sector tiene una «incidencia directa» sobre la economía de la Isla, ya que los precios más altos suponen un «freno» para los residentes y para el potencial turístico. Pero lo «más grave», según el conseller, es que la mayor parte de las mercancías entran por vía marítima, por lo que los precios del transporte «acaban en la bolsa de la compra». «Si hubiera indicios de posibles abusos o 'impuestos revolucionarios' sería grave porque repercute en todos los ciudadanos y en la competitividad turística», añadió.
Baleària asegura que «colaborará al máximo» en la investigación
Fuentes de la compañía Baleària indicaron ayer que «colaborarán al máximo» en la investigación iniciada por la Comisión Nacional de la Competencia. «Se trata sólo de la apertura del expediente, ahora se abre un período de 18 meses y hay que esperar a la resolución», indicó una portavoz de la compañía, que dijo que harán una valoración cuando haya una resolución, porque aunque haya indicios, ello no presupone el final de la investigación. «Aportaremos todo lo que nos pidan», añadió.
Desde Competencia informaron de que el expediente es confidencial y en él se investigará si realmente ha habido reparto de mercado y fijación de precios. Si fuera así, se trataría de una infracción «muy grave» que puede conllevar una sanción de hasta un 10% del volumen de facturación de la compañía. «No siempre alcanza el 10%, ahora hay que ver cuánto ha durado la conducta anticompetitiva, el beneficio que han conseguido las empresas ilícitamente, etc.», explicaron desde la CNC.
1 comentario
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
Me alegro muchísimo de la noticia, pero ahora esto se tiene que reflejar en el precio. Como dato curioso os digo que un flete entre Barcelona y Génova que son 17 horas de navegación, vale casi tres veces menos que entre Ibiza y la Península, que son 4 horas de distancia.