Vila inicia el expediente de ocupación para expropiar las infraviviendas de sa Penya

Durante el próximo mes estará en exposición pública la relación de derechos y bienes de los 30 propietarios afectados, cuyo coste de expropiación el Consistorio calcula en un total de tres millones de euros.

Sin embargo, Vila aún tiene que decidir qué ocurrirá con el medio centenar de personas agrupadas en 14 familias que malviven en estas infraviviendas y que, en su mayoría, son ocupantes ilegales y no pueden demostrar una relación con la propiedad; moradores de toda una manzana en la que sólo se cuentan dos contratos de alquiler y una propiedad formal.

Estudios para el realojo

El objetivo de expropiar es, precisamente, terminar con la degradación de una zona conflictiva, tanto social como urbanísticamente. Por ello, el Consistorio inició el año pasado un estudio jurídico y social para saber cuáles de sus actuales habitantes tienen derecho a realojo.

Según los primeros datos del Consistorio, la realidad del núcleo duro de sa Penya es una ocupación de entre seis y nueve personas por vivienda de 25m2, sin condiciones de salubridad ni ventilación. Además, sus habitantes también tienen un altísimo problema de falta de escolarización.

Por otra parte, cabe recordar que la reforma prevista en este espacio costará 18 millones de euros y contempla la construcción de quince VPO de 45 m2, una escoleta y una plaza para esponjar la zona.

Asimismo, no se descarta proceder al derribo de las estructuras, por lo que también se está realizando un estudio histórico solicitado por la Comisión Insular de Urbanismo para conocer los elementos patrimoniales que se deben salvaguardar en el momento de realizar la intervención urbanística.

Los propietarios tienen un mes para presentar sus recursos antes de que el proceso siga adelante.