José Torres, Pere Palau y Vicent Serra explicaron ayer su posición oficial respecto al PTE. | Marco Torres

El Grupo Popular del Consell Insular d'Eivissa y los diputados ibicencos del PP en el Parlament han presentado un total de 23 alegaciones con las que argumentan y reiteran la solicitud de retirar la propuesta de modificación del Plan Territorial de la isla (PTE), pese a que el presidente insular, Xico Tarrés, anunció este sábado su intención de retirarla.

Los consellers y diputados del PP han criticado, a través de su portavoz en el Consell, Pere Palau, los «perjuicios económicos» que la tramitación del PTE ha provocado tanto al sector de la construcción como a ciudadanos particulares y a la propia administración.

Palau ha recordado que la «parálisis» sufrida por el sector de la construcción habrá supuesto la «pérdida de puestos de trabajo», mientras que el «continuo ir y venir de un plan a otro habrá conllevado que los ciudadanos hayan tenido que ir adaptando sus proyectos a uno u otro planeamiento», con los consiguientes costes que eso.

Así, según el conseller 'popular', «se juega con la seguridad jurídica y el dinero de los ciudadanos, pero al ser así por culpa de unos gobernantes que hay actualmente, la institución habrá de responder».

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El portavoz de los 'populares' en el Consell ha destacado que «el ciudadano ha adelantado un dinero por un caprichito de modificar un PTE que responde sólo a un pacto político».

En sus alegaciones, los consellers y diputados del PP han puesto de manifiesto la «falta de motivación» del PTE para llevar a cabo las modificaciones realizadas ya que, a pesar de que en el documento se hace referencia al paso de cinco años desde la aprobación del anterior plan, «en realidad sólo habían pasado tres años cuando se inició el expediente de modificación».

Otro de los defectos formales que recogen las alegaciones del PP se refiere a la falta de acreditación de la normativa aplicable para la designación y contratación del equipo redactor así como la falta del procedimiento de contratación de la empresa privada que ha redactado la Evaluación Ambiental Estratégica.

Por otro lado, las alegaciones recogen los incumplimientos de diferentes leyes y normativas vigentes como es el Real Decreto Legislativo 2/2008 o la Ley del Suelo, la conocida como 'Ley de Sa Coma' o las Directrices de Ordenación Territorial de las Islas Baleares.