La auditoría de las autovías de Eivissa y la discusión sobre si existe o no un informe de Abogacía del Govern en el que se eximiría de responsabilidad penal a la gestión de las autovías volvió ayer a provocar un agrio enfrentamiento en el Parlament.

La diputada del PP Mabel Cabrer acusó durante el pleno al conseller d'Obres Públiques, Jaume Carbonero, de manipular la auditoría. Cabrer subrayó que el borrador de este documento contiene «anotaciones a mano de lo que se tenía que cambiar que les perjudicaba (al Govern) y la versión definitiva cambia radicalmente».

Cabrer recordó que Carbonero presentó en julio la auditoría sobre las autovías y dijo que la iba a enviar a la Abogacía de la Comunitat Autònoma para que ésta estudiara si había alguna irregularidad penal. Según la diputada popular, el informe de Abogacía está acabado desde hace un mes y está firmado por dos abogados que «no sólo dicen que ni de lejos se ha cometido ningún tipo de infracción penal, sino que además dicen que la auditoría tiene muchos errores de bulto».

«El conseller está ocultando desde hace más de un mes este informe y hace más de una semana compareció ante la Comisión de Ordenación Territorial y cuando el PP le sacó este informe admitió que conocía de su existencia y de su contenido», aseguró Cabrer, quien recordó también que la portavoz del Govern, Joana Barceló, negó la pasada semana la existencia de este informe.

Sin contestar

Durante la sesión Carbonero no quiso contestarle porque consideró que ya lo había hecho en la comisión de la semana pasada, por lo que el PP renunció a la réplica.

Más tarde, el conseller d'Obres Públiques aseguró a los medios que la auditoría «no está manipulada», aunque reconoció que hay «unas notas de Abogacía que efectivamente señalan que no se derivan responsabilidades penales». Esto, según el conseller, «no esconde en absoluto lo que la auditoría dice, y es que se cometieron un cúmulo de irregularidades administrativas y económicas». Carbonero considera que los populares se basan en estas notas de Abogacía para «huir de sus responsabilidades y del desastre económico que provocó». «El PP está extendiendo una cortina de humo porque no ha entrado en el fondo de la auditoría», añadió el conseller d'Obres Públiques, que recordó que hay sobrecostes en algunos casos de 25 millones de euros.