El Govern rescinde el contrato del nuevo instituto de Sant Antoni por un «sobrecoste» de 900.000 euros

La Conselleria balear de Educació anunció ayer al rescisión del contrato con la constructora del nuevo instituto de Sant Antoni, Copasa, por un «sobrecoste» en las obras de más de 900.000 euros.
El conseller Bartomeu Llinàs y la directora General de Planificació i Centres, Elvira Badia, explicaron que esta decisión se basa en el dictamen favorable del Consell Consultiu, «que entiende que la empresa no ha justificado en todos los aspectos sus presupuestos».
Según Badia, los próximos pasos serán comunicar a la empresa la resolución del contrato y volver a licitar las obras por procedimiento de «urgencia», ya que el objetivo es poner en marcha el instituto en septiembre, después de un año y medio con las obras paralizadas. «Calculamos que desde que entre una empresa hasta que se termine el centro serán cuatro meses. He visto el instituto y está bastante acabado», agregó Badia.
Sobre un presupuesto inicial de 5,1 millones euros, la nueva licitación saldrá a concurso por 1,8 millones, cantidad que a la Conselleria le quedaba por pagar para que Copasa concluyera los trabajos. Sin embargo, según Badia, la empresa solicitaba casi 2,8 millones de euros «porque decía que había hecho cosas que en principio no estaban en el proyecto y que iban encareciendo todo».
Por su parte, el Llinàs reconoció que la paralización de las obras fue una de las «preocupaciones de esta isla» y aseguró que se tuvo que plantear «seriamente si debía tener en cuenta las presiones que había para abrir el instituto cuanto antes». Unas exigencias, cabe recordar, que procedían tanto del Ayuntamiento de Sant Antoni como de la comunidad educativa. «En tiempos de crisis, con honestidad y defendiendo los intereses de todos los ciudadanos nos inclinamos por lo que hicimos. Paralizar una obra no le agrada a ningún conseller ni responsable de educación, pero era más grande la responsabilidad que tenía que el hecho de impedir que comience el curso», afirmó.
El conseller explicó también que parte del retraso del Consell Consultiu se debió a que basó su dictamen en tres informes «para que no tuviera dos posturas enfrentadas»: un informe del Ibisec (Institut balear de Infraesctructuras i Serveis Educatius i Culturals), otro de la empresa, y una tercera valoración realizada por la Conselleria balear d'Habitatge.
Por otra parte, Badia explicó que los técnicos del Ibisec «tendrán que valorar el estado de las obras después de estar paralizadas» y que, paralelamente a la licitación del proyecto, «se creará el equipo directivo para que organice el traspaso y para que en el proceso de escolarización los padres puedan pedir plaza en el nuevo centro». Asimismo, indicó que se han pedido informes para saber «cuántos grupos» se trasladarán del instituto Quartó de Portmany al nuevo centro. «No serán exclusivamente de primero, sino también de segundo y tercero de ESO», destacó Badia, quien indicó también que las obras estarán enfocadas, específicamente, al traslado de los alumnos en septiembre. «Si se necesitan diez aulas se intentará terminarlas primero y después terminar los otros espacios para que los alumnos puedan estar en el nuevo edificio a partir del curso 2011/2012», concluyó.