Sánchez-Jáuregui, dando cuenta de los acuerdos de la junta de gobierno celebrada este lunes por la mañana.

La alcaldesa de Eivissa, Marienna Sánchez-Jáuregui, ha asegurado que «no se ha incrementado el sueldo del equipo de gobierno», de forma que ha indicado que «la nómina de los concejales del PP es igual a la de los regidores del equipo de Gobierno en la pasada legislatura» y así, ha recordado que ella percibirá en 2012 un total de 56.303,94 euros, «lo mismo que cobraba la ex alcaldesa Lurdes Costa». Además, ha añadido que como funcionaria, recibirá 3.950,94 euros en trienios.

«Lo único que pasa es que tanto yo, como la concejala Lina Sansano, somos funcionarias por lo que el importe de los trienios que cobramos por este concepto se incluyen en nuestras nóminas y los trienios ya fueron presupuestados en 2012, aunque en ningún caso suponen un incremento salarial», ha explicado la edil.

La alcaldesa también ha aclarado que la única variación incluida en las nóminas de los concejales tiene que ver con la puesta al día del salario del regidor de Medio Ambiente, Juan Mayans.

Sánchez-Jáuregui ha dicho que «por el volumen de trabajo que desempeña, ha sido necesario aumentar el número de horas que dedica a su labor como edil, por lo que lógicamente se han equiparado sus retribuciones con el incremento de la jornada laboral». Mayans cobrará a partir de ahora 35.000 euros anuales, en vez de los 28.764,04 euros que percibe un concejal con dedicación parcial.

También ha remarcado que la Corporación se ahorrará este año 51.194 euros, ya que sólo contarán con cuatro cargos de confianza, mientras que el equipo de Lurdes Costa tenía seis.

Por otra parte, la edil también ha explicado algunos temas tratados en la Junta de Gobierno, donde se ha desestimado la petición de responsabilidad patrimonial solicitada por una ciudadana que sufrió un accidente cuando cruzaba por la calle Obispo Carrasco.

La mujer tropezó con un boquete que había en el pavimento y se torció un tobillo, de lo que responsabiliza al Ayuntamiento y le reclama alrededor de 3.500 euros de indemnización.

El Ejecutivo, a instancias de los informes realizados por los correspondientes técnicos, ha desestimado la reclamación al entender que la mujer no cruzó por el paso de peatones, que estaba en perfectas condiciones y donde no habría sufrido percance alguno.