Imagen de la cabecera de la manifestación que tuvo lugar el pasado domingo en Eivissa. | Marco Torres

El primero que habló de ella, antes que los sindicatos o que los trabajadores fue el propio presidente del Gobierno. Mariano Rajoy reconoció hace unas semanas durante una charla informal en el Consejo Europeo que la reforma laboral que estaba elaborando su ejecutivo le iba a costar una «huelga general». Al hilo Rajoy comentó con otro de sus colegas europeos que ahora llegaban los «asuntos más complicados» que tenía que llevar a cabo su gabinete.
Tras las manifestaciones contra la reforma laboral del pasado domingo, los sindicatos han pedido al Ejecutivo que «reflexione» porque «aún tiene tiempo» para abrir un proceso de negociación con los agentes sociales «paralelo» al trámite parlamentario que evite una «escalada» de la conflictividad social.
Sobre si esa escalada puede acabar en una huelga general, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han indicado que antes de plantear esta posibilidad «hay que esperar a que el Gobierno dé una respuesta». «A partir de ahí, tomaremos las determinaciones que consideremos oportunas», señaló Méndez esta semana, en una rueda de prensa para presentar la defensa del Estado del bienestar y los servicios públicos.
Para el líder sindical de UGT, las movilizaciones convocadas el pasado domingo en las 57 principales ciudades de España tuvieron una «afluencia masiva y democrática que puede considerarse de las más altas de la historia de la democracia española», y reflejaron un doble sentimiento que reina en la sociedad: «La inseguridad, pero no la resignación». «La gente no se quiere quedar en casa, quiere coprotagonizar con los poderes públicos» la salida de la crisis, señaló.
Precisamente, la aprobación de la reforma laboral por la vía del decreto es lo que hace «plenamente justificadas» estas movilizaciones, en opinión de Fernández Toxo, quien las consideró «las más importantes en muchísimo tiempo» en términos de asistencia, así como una carga extra de «responsabilidad» para los responsables sindicales.