C. Roig19/04/12 0:00
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El abogado de los propietarios de Benirràs, Miguel Ángel Torres, explicó ayer que aún no han llegado a ningún acuerdo con el Consell d’Eivissa para reducir la edificabilidad de las más de 100 viviendas previstas en Benirràs.
Pese a que el Consell anunció que tenía un principio de acuerdo para eliminar más de 60 apartamentos distribuidos en varios edificios y dejar construir unos 40 chalets, el abogado explicó que se han hablado «muchísimas cosas» y «hay posibilidades de llegar a acuerdos», pero que aún no hay ninguno concreto. «Nosotros pactaremos siempre que se vean compensados económicamente los derechos de nuestros clientes», indicó el letrado.


Edificar en otro sitio
«Es como si a ti te vienen y te dicen que te despiden injustamente y renuncias a la indemnización que te corresponde», puso como ejemplo el abogado de los propietarios, que indicó que otra posibilidad sería que les dejaran construir en otro lugar. «Hay mil maneras de compensar la diferencia de edificabilidad que se pudiera producir», añadió Torres, que recordó que ellos siempre han entendido que ese terreno se puede edificar. «Hay sentencias que dicen que ese suelo es urbano. Es urbano, lo fue y no puede dejar de serlo sin un expediente de expropiación. Esas sentencias, que yo sepa, son firmes y no se han revocado. Si un terreno es urbano no se puede cambiar de calificación sin expropiar o indemnizar a la gente, así lo dicen los tribunales y si no que vean lo que ha pasado en Menorca, donde ahora se tendrán que pagar más de 30 millones por un caso muy parecido», agregó el letrado.
Estos terrenos fueron protegidos por los progresistas en 2008 y, según el PP, serán desprotegidos ahora en la tramitación parlamentaria del decreto urbanístico del Govern, aunque necesitarán de un plan especial posterior.
Los propietarios comparecerán próximamente en rueda de prensa para aclarar su postura.

«El proceso importante sigue vivo»
Pese a que hace poco el TSJ declaró inadmisible un recurso de los dueños de Benirràs contra la moratoria del Consell, el abogado indicó que es lógico que así fuera porque además el PTI posterior se retiró, con lo que la norma que protegió Benirràs quedó también sin efecto.
Remarcó que el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Govern (que protegió la zona en 2008), que es el «importante», sigue vivo y ahora está pendiente de la tasación de los bienes para ver qué indemnización corresponde. Precisamente, el PP quiere evitar el pago de estas compensaciones.