De izquierda a derecha, Diego Ruiz, de UGT, Joan Boned, Jesús Caldera, la diputada Sofía Hernanz y Felipe Zarco, de CC OO.

El exministro socialista de Trabajo Jesús Caldera aseguró ayer en Eivissa que la reforma laboral del Gobierno es «perniciosa» para la economía porque provocará menos consumo y más desempleo. «El Gobierno calcula que este año se perderán 20.000 empleos en Balears, pero nosotros creemos que serán 25.400, porque la reforma eliminará más de 5.000 empleos adicionales», indicó Caldera, que aseguró que el desempleo total en las Islas podría alcanzar las 172.000 personas a finales de 2012.

«En la EPA del primer trimestre ya se han destruido 13.000 puestos de trabajo; esto es lamentable», añadió el exministro y vicepresidente de la Fundación Ideas del PSOE, que calcula que se perderán 807.000 puestos en toda España pese a que el Gobierno ha dicho que serán 635.000.

Conflictos

Caldera calificó la reforma como «muy negativa», porque además ni siquiera se ha consultado con los sindicatos. «A mí no se me hubiera ocurrido algo así», criticó el exministro, que cree que este tipo de actuaciones generan «conflictos» y «no ayudan a salir de la crisis». También llamó la atención sobre el colectivo de fijos discontinuos, muy numeroso en las Islas, ya que cree que la nueva reforma disminuirá este tipo de contratos y los empresarios optarán por el contrato de emprendedores, «que permite el despido libre». «El año pasado ya se destruyó mucho empleo fijo discontinuo y este año todavía será más», añadió Caldera, que criticó que con este nuevo tipo de contrato los empresarios pueden percibir ayudas de 15.000 euros y a la vez seguir despidiendo gente. «Se destruirán muchos trabajadores maduros, que son más caros y se contratará a más jóvenes, ya que con esas ayudas podrán pagar los despidos», añadió el socialista, que calificó esta nueva legislación laboral de «tragedia nacional».

Lamentó además que no se fomente la productividad de sectores con más futuro, como los de investigación y desarrollo, que los contratos de aprendizaje puedan alargarse hasta doce años, que se perjudique a la mujer y que se permita una devaluación de los salarios, lo que provocará «una caída del PIB y una destrucción adicional de empleo».