En pleno debate sobre la necesidad de eliminar duplicidades superfluas en las administraciones conviene echar un vistazo al coste en personal que tienen las administraciones pitiusas. Si se miran los ayuntamientos ibicencos, las cifras están claras. El que tiene un coste más elevado es el de Vila, con 393 trabajadores y una población de 49.657 habitantes. Cada trabajador de esta entidad pública cuesta por habitante 349,3 euros al año. A poca distancia se sitúa el Ayuntamiento de Sant Antoni, con 324,3 euros y le siguen el Ayuntamiento de Sant Joan, con 298 euros, y Sant Josep, con 292,3. El que sale más barato al ciudadano por población es el de Santa Eulària, con 255 euros.

Si se miran los consells las cifras son más abultadas. El Consell de Formentera tiene un coste muy elevado (algo ya conocido por todos) debido a sus especiales características de isla con poca población. El gasto en personal asciende a 7,2 millones de un presupuesto total de 21,4, con lo que a cada habitante de la Isla (si fuera así como se calculara el pago) el personal del Consell le costaría 727 euros. En el caso del Consell d’Eivissa la cifra desciende a 195,8 euros.

No hay 800 trabajadores

Una de las cifras que se han repetido más últimamente es que el Consell d’Eivissa tiene 800 trabajadores, algo totalmente incierto. Según fuentes de la institución, teniendo en cuenta la relación de puestos de trabajo de los presupuestos de 2012, la plantilla está formada por 254 funcionarios y 294 de personal laboral. A ello hay que sumar los órganos de gobierno y la oposición, que son 21, y existe la posibilidad de realizar contratos temporales, sobre todo para el hospital Cas Serres. Pese a que se prevén 110 plazas de éstas últimas, solo hay dos que trabajan todo el año, con lo que actualmente, en mayo de 2012, hay 569 personas empleadas. Se llevan buena parte de las necesidades de personal el hospital residencia Cas Serres (tiene 130 plazas, aunque algunas más temporales, por ejemplo en abril se pagaron 177 nóminas); el resto de servicios sociales como Oficina de la Dona, drogodependencias o discapacitados (71), los bomberos (41) o las escoletes (32).

Si se estudia otra variable, como son los trabajadores públicos por habitante, Formentera vuelve a ser la que tiene una cifra más abultada, ya que cuenta con uno de ellos por cada 45 formenterenses. Le siguen, por este orden, Sant Antoni (124,5); Vila (126,3); Sant Josep (132); Sant Joan (139); Santa Eulària (159,8) y el Consell d’Eivissa (233).

Por otro lado, cada trabajador cuesta de media a las instituciones 44.146 euros (Vila), 41.527 (Sant Joan), 40.775 (Santa Eulària), 40.399 (Sant Antoni), 38.601 (Sant Josep) y 32.805 (Formentera). El Consell d’Eivissa tiene un coste medio por empleado especialmente alto (45.662 euros), aunque hay que tener en cuenta que tiene un personal en algunos casos más técnico para llevar adelante servicios como el hospital Cas Serres, las bibliotecas, las carreteras, etc.

Por último, si se calcula el presupuesto total de cada institución por habitante los datos son los siguientes: el Consell de Formentera (2.155 euros), el Consell d’Eivissa (603), Sant Joan (1.088), Sant Antoni (1.019), Eivissa (976,7), Sant Josep (973,7) y Santa Eulària (889).

Otros datos destacables es que Sant Joan es el municipio más pequeño, con solo 5.006 habitantes. Allí trabajan siete funcionarios, 28 laborales y un político dado de alta.

Sant Antoni es el tercer municipio en población y cuenta con 179 trabajadores. 100 son funcionarios, hay seis políticos de alta, 62 laborales, seis nuevos contratados en la brigada de mantenimiento, cuatro policías turísticos y uno de turismo. En Formentera hay 221 trabajadores (124 de personal laboral, 84 funcionarios y 13 políticos).

En el Consell d’Eivissa destacan que el gasto en personal se incrementó en 2009 y 2010 por el «aumento de cargos de confianza» y la aplicación de «complementos de productividad de forma generalizada». En 2012 el gasto de personal es del 33% del presupuesto y se contempla un descenso del coste por la rescisión de contratos de obra y servicio y reducción de contrataciones temporales.