El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, José Espinosa, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Rosa María Esteva Grewe, una mujer acusada por un delito de coacciones por instalar una valla que impedía el acceso a Cala Saladeta. El ministerio público solicita para esta mujer una pena de dos años de cárcel, mientras que la acusación particular, la inmobiliaria Cala Salada S.L., reclama tres años.
En uno de los escritos de acusación se especifica que «en fecha 26 de octubre de 2007, doña Rosa María Esteva Grewe instaló una valla metálica corredera sostenida mediante dos pilares de hormigón de un metro de altura en el camino de uso comunal de acceso a la playa de Cala Saladeta, que se encuentra junto a la finca de su propiedad (…), situada en la parroquia de Santa Agnès, en el término municipal de Sant Antoni».
Un vigilante
«Asimismo», continúa el escrito, «contrató a un vigilante de seguridad de la empresa G.P.S. con la intención de que sus vecinos y los pescadores titulares de las casetas varadero que se encuentran junto a la playa de Cala Saladeta, así como los moradores de la vivienda sita en la finca con casa payesa denominada Can Puyol, propiedad de la entidad mercantil Inmobiliaria Cala Salada S.L., pudieran utilizar el camino de acceso a la referida playa».
Posteriormente, el 25 de abril de 2008, «el Ayuntamiento de Sant Antoni emitió orden de ejecución urbanística, notificada el 29 de abril de 2008, por la que el referido Ayuntamiento acordaba (…) ordenar a Rosa María Esteva Grewe en calidad de propietaria para que en el plazo de cinco días proceda a la retirada de la mencionada barrera, así como de los pilares que la sujetan y que dan acceso al camino de la playa de Cala Saladeta».
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