Nekane DomblásPalma19/05/12 0:00
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Desaparecen el Ibavi y Gesma, dos de las empresas públicas más conocidas del Govern, y el Ejecutivo no sólo privatizará IB3 sino que extiende esta posibilidad a otras empresas públicas de las Islas. La transformación del sector público instrumental es muy profunda y dejará a la Comunitat Autònoma con 30 consorcios en una primera fase, frente a los 110 que existen en la actualidad. Las fundaciones se reducen de 30 a 17 y las empresas públicas y sociedades mercantiles pasan de 28 a 22. Por último, de siete organismos autónomos se pasará a 6, lo que implica que, en esta primera fase, las 175 entidades que conforman el sector público instrumental quedarán en 75.

Desaparece el Institut d’Estudis Baleàrics y sus funciones las asumirá el Consorci per al Foment de la Llengua Catalana, que pasará a llamarse Consorci Institut d’Estudis Baleàrics, según consta en el plan.

Adiós a Bitel

Otra de las empresas que se suprime es Bitel y Parc BIT Desenvolupament. Los bienes y sus deudas se integran en una nueva fundación Ibit. También se extinguen el Consorci Balear de l’Esport –sus bienes y deudas serán asumidos por Illesport– y la Agència Balear del Turisme absorbe la Fundació per al Desenvolupament Sostenible, entre otras medidas de contención.

Además de contención del gasto y de reordenación de todas las empresas públicas, el plan de ajuste fija unos ingresos adicionales de 16 millones de euros gracias a la puesta en marcha de un plan para combatir el fraude fiscal en las Islas. El Govern anuncia la creación de unidades especializadas de investigación, «orientadas a la detección y corrección de conductas fraudulentas de especial relevancia y al descubrimiento de nuevas formas de elusión, con atención particular a la transmisión de bienes mediante la utilización de sociedades interpuestas o sociedad inactivas», según detalla el documento entregado al Ministerio de Hacienda.

Además de este plan de lucha contra el fraude, el Govern pondrá en marcha un plan de eficiencia en la recaudación de los tributos que ya cobra el Ejecutivo dirigido a reducir el conjunto de impuestos impagados y a mejorar los ingresos propios de la Comunitat. Con la puesta en marcha de estas medidas, el departamento de Aguiló espera ingresar 7 millones de euros.