El vicepresidente Aguiló y el presidente Bauzá, ayer en el pleno del Parlament. | Pere Bota

El Parlament aprobó ayer la Ley de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, que permite una nueva regulación de suelo urbano y urbanizable y abre la puerta a más construcción en el suelo rústico. Entre las enmiendas más destacables se incluyó una que permitirá construir en el terreno de ses Variades (Sant Antoni) y que centró buena parte de las críticas de la oposición. El texto también permite la edificación en zona protegida ANEI, convierte en urbanos los asentamientos rurales, redelimita los conjuntos históricos y devuelve las competencias a los ayuntamientos en sa Coma. No entró finalmente la enmienda con la que el Consell d’Eivissa pretendía recuperar en toda su plenitud el PTI aprobado en 2005, tal y como ya se anunció hace unos meses.

Ses Variades

El hecho de que haya un texto con condiciones muy concretas que permitirá construir ses Variades (previamente se había eliminado con el decreto urbanístico esta posibilidad) provocó las críticas de la oposición. El diputado de PSM-IniciativaVerds-Entesa Antoni Alorda pidió que se retirara esta enmienda con «formulación retorcida» que calificó de «norma a la carta» y «traje a medida» y que llegó a comparar con un «monólogo de Gila». De hecho, indicó que se trata de una norma a favor de «propietarios particularísimos» y lo calificó de «bananerismo urbanístico». «Retiren esta enmienda si el señor Matutes se lo permite», criticó Alorda, que pidió a la diputada del PP Virtudes Marí que dijera qué más construcciones en la costa permite esta enmienda. «El PP para tranquilizarnos nos dice que afecta a más sitios, como si esto nos tranquilizara, pero no nos dice cuáles», explicó el diputado, que consideró que «esto no es serio». También el parlamentario socialista Jaume Carbonero criticó la construcción de ses Variades «a la carta». La diputada popular Virtudes Marí evitó pronunciarse sobre esta cuestión durante el debate, aunque siempre ha mantenido que se trata de una enmienda de carácter general que afecta a otros lugares de costa de Balears. Tanto Carbonero como Alorda criticaron que se haya llamado a esta ley «sostenible» cuando «no hay ni una sola disposición que vele por la sostenibilidad». El socialista indicó que una mala regulación urbanística produce «consecuencias catastróficas e irreversibles en el territorio» y el miembro del PSM lamentó que esta ley hará bajar el número de zonas verdes a niveles menores que los del franquismo. La oposición también criticó que se «amnistíen urbanizaciones ilegales», que tenga «mejores condiciones el urbanismo ilegal que el legal», que se «recuperen falsos urbanos» y que se incluya en la ley algo que no tiene nada que ver como una central de compras. También lamentaron que se urbanicen las ANEI.

La diputada del PP Virtudes Marí pidió a la oposición que no haga «demagogia» porque la definición de suelo urbano es la misma que hicieron los progresistas e indicó que la ley clarifica los usos en suelo rústico. Defendió asimismo que se dé una «solución» a los asentamientos rurales «congelándolos» y no incrementando su crecimiento con zonas verdes y cesiones como quería la oposición. También destacó que será más fácil modificar los ordenamientos municipales, algo que evitará que se tenga que repetir la aprobación de un decreto como el que se hizo en su día para poder construir el nuevo hospital de Eivissa.