El anuncio de la licitación para el derribo de las edificaciones levantadas en Sant Ferran fue publicado por el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) el pasado 10 de julio después de que el Consell de Formentera recibiera una providencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Mallorca en el que se requería a la institución a «adjudicar mediante la contratación urgente» estas obras. En este mismo escrito, la magistrada advertía que, en caso de no hacerlo, se impondrían multas coercitivas al conseller de Presidència, Hisenda i Territori [puesto que actualmente ostenta Bartomeu Escandell].
Según la publicación en el BOIB, el plazo de ejecución de la demolición de estos inmuebles, levantados con una licencia anulada por sentencia, es de un mes y el presupuesto de la licitación supera los 185.000 euros, que corre a cargo de la máxima institución. Como ya señaló el conseller de Presidència, Hisenda i Territori, Bartomeu Escandell, a este periódico, el Consell hizo una reserva de dinero para ejecutar las obras, hecho que no supondrá eliminar ningún proyecto previsto supondrá quitar partidas de otros sitios. Aún así, Escandell descartó eliminar ningún proyecto previsto al apuntar que se trata de remanentes.
Desde el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma de Mallorca instaron al Consell para ejecutar las obras antes del 15 de octubre, plazo que la máxima institución ha informado que no es posible al tratarse de un núcleo urbano y existir la ordenanza que prohibe realizar obras en periodos estivales. Así, está previsto, aunque no ha sido confirmado por la institución, que el centro comercial sea derribado una vez pasada esta fecha.
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