El concejal de Hacienda, Juan Daura, y la alcaldesa Marienna Sánchez-Jáuregui, ayer, en el pleno municipal. | ANA ISABEL GARRIDO SANCHEZ

Los ciudadanos con sus impuestos y ahora los funcionarios con las pagas extras de Navidad. Las deudas y pérdidas de las empresas públicas de Vila, Imvisa e Itusa, no solo han absorbido 1,5 millones de euros que iban a ser para inversiones este año. También se quedarán con 800.000 euros que el Consistorio ahorrará suprimiendo las pagas extras a los empleados públicos, un recorte que por ley se debe destinar a amortización de deuda. Es una cantidad que asciende hasta 835.000 euros si se suma la reducción del 7,1% de los salarios de los concejales, de los cargos no electos y de las dietas de la oposición, y la eliminación de las dietas por asistencia, aprobada ayer por pleno con la abstención de los grupos PSOE-Pacte, ExC y Nova-A.
Precisamente, antes del pleno de Vila, se celebró un Consejo de Administración de Imvisa, también integrado por todos los grupos municipales y con un funcionamiento equiparable a la sesión plenaria. En concreto, el equipo de gobierno sometió a aprobación las cuentas de Imvisa de 2011, que cerraron con un déficit de 1.687.000 euros y tuvieron el voto en contra de toda la oposición.

Impugnadas
El concejal de PSOE-Pacte, Marc Costa, anunció que impugnará las cuentas «donde haga falta» porque la actual gestión de la empresa «ha sido un arma de destrucción masiva» ya que en 2010 Imvisa cerró el año con 73.905 euros de superávit. «¿Qué ha pasado este año?», preguntó Costa, quien recordó que entre 2008 y 2011 Imvisa era una empresa a la que «los bancos le daban créditos por diez millones».
Más allá fue el concejal de ExC, Vicent Ferrer, que pidió la renuncia del gerente de Imvisa, Nasser Mouaffak, «por su dejadez» y de Marienna Sánchez-Jáuregui como presidenta del consejo de administración y como responsable del nombramiento de Mouaffak. «Yo le voy a pedir que lo cese y que le pida a la interventora que extienda este informe en el pasado», aseguró, por su parte, el concejal de Nova-A, Antonio Villalonga.
El edil hizo referencia así al informe de Intervención que hace unos días calificó de «negligente» la gestión de Imvisa, un calificativo que Jáuregui rechazó en rueda de prensa porque según criticó el informe no tenía en cuenta la historia de las empresas, fundadas y gestionadas por los progresistas. Sin embargo, este escrito precipitó el inicio de la disolución de Imvisa y de Itusa, y desencadenó en la renuncia que los concejales de Hacienda, Juan Daura, y de Medio Ambiente, Juan Mayans, como consejeros de ambas sociedades. Este último, argumentando su dimisión en que «el gerente de Imvisa no hace su trabajo». «Nosotros hemos recibido una herencia de Itusa que está perjudicando a Imvisa», afirmó Daura en el pleno de ayer, pero reconoció que «quizás» han sido «un poco lentos» en la venta del patrimonio de las empresas, como por ejemplo, las VPO de Can Cantó. «No voy a dimitir porque tenemos que arreglar los ‘hipermarrones’ que nos dejaron», destacó Jáuregui.
Prometen «cambios»
Pero la polémica por la sociedades municipales continuó en el pleno ya que se tuvo que aprobar la renovación de un préstamo de Imvisa de 3,5 millones de euros.
En este punto, Daura pidió a la oposición «un acto de fe» y prometió que habrá «cambios» para solucionar la situación de las empresas, aunque no quiso decir si se trata del cese del gerente, una decisión que la alcaldesa prevé estudiar hoy con los asesores y auditores de las sociedades. «Solo he dicho que habrá cambios que no son políticos. El acto de fe es que las cosas se van a solucionar, hay que tener fe», insistió Daura. «Tenemos que verificar qué es lo que ha pasado con el gerente», aseguró Jáuregui por su parte.
Por ahora, además de la renovación de este préstamo de 3,5 millones, y el pago de otro millón y medio eliminado de las inversiones para superar un embargo por los conflictos judiciales entre Vila y la constructora Bruesa, el Consistorio destinará 835.000 euros de las pagas extras, un «remanente» de 300.000 euros de la primera reducción de los sueldos de los funcionarios en la era de Zapatero y más «inversiones y gasto corriente» hasta llegar a otro millón y medio para pagar un nuevo préstamo de Imvisa, que vence en octubre. Y, aunque la alcaldesa apuntó que la deuda total es de 20 millones, Daura advierte que en esta cifra, «hay que afinar más el lápiz».

El presupuesto de 2014 depende de que se vendan los activos de Itusa este año
El concejal de Hacienda, Juan Daura, reconoció ayer que si no logran vender los activos de Itusa antes de final de año el Consistorio podrá tener los presupuestos de 2014 «comprometidos». Esto ocurre, según explicó, a raíz de la renovación del préstamo de 3,5 millones de euros que el pleno aprobó ayer para avalar a la empresa Imvisa y porque a partir de 2014 las cuentas deben contemplar «en la partida presupuestaria la amortización del préstamo más los intereses». «Eso significa aproximadamente casi 900.000 euros, que también se deben pagar con fondos propios o con otro préstamo, y en ese caso el presupuesto se nos cae al suelo», advirtió Daura. Sobre la venta del patrimonio, el equipo de gobierno también recibió críticas de la oposición ya que cuenta con dos solares en Isidor Macabich, pisos en el edificio Es Pla de Vila y como medio centenar de plazas de aparcamiento en distintos inmuebles, sin olvidar las VPO de Can Cantó, repartidas en una promoción de 14 viviendas, aún por adjudicar, y en otra promoción de 30, de las cuáles muchas ya han sido vendidas pero las llaves no están entregadas a sus propietarios. «Es una tienda con las persianas bajadas y los yogures a punto de caducar», criticó el concejal de PSOE-Pacte, Alfonso Molina.
En este sentido, el edil pidió al equipo de gobierno que no ponga más como excusa que es difícil vender las Viviendas de Protección Oficial (VPO) de una sola habitación porque al menos dos personas «fueron a pedir información y no se la han dado». «Falta un plan de gestión», afirmó Molina.
Tras el pleno, Jáuregui aseguró que hoy se reunirá con los asesores para iniciar los trámites de disolución de las empresas que «traerán cambios aparejados».