El exalcalde José Serra Escandell permaneció en el banquillo durante seis horas. Su hijo le acompañó en la sala durante todo el juicio.

El exalcalde de Sant Josep José Serra Escandell se volvió a sentar ayer en el banquillo para responder por un supuesto delito medioambiental al pemitir por omisión, según mantiene el Ministerio Fiscal, un vertido que se realizó en 2006 en el Torrent d’en Fita, en sa Serra Grossa, lugar catalogado como ANEI (Área Natural de Especial Interés). En su declaración, en la que se negó a responder a algunas de las preguntas formuladas por el Ministerio Fiscal, Serra Escandell aseguró desconocer las denuncias existentes sobre el caso y alegó que no todos los informes pasaban por sus manos.

En la lectura de las conclusiones finales, el fiscal, que mantuvo la petición de prisión y la inhabilitación, resaltó que si el exalcade «hubiera actuado, aquello no se hubiera extendido». «Dado que no lo hizo [paralizar el vertido y actuar] propició, permitió y dejó que se llevara a efecto y se consolidara», indicó el fiscal, que aseguró que el acusado era «consciente , no hizo nada y se produjo un riesgo». «No actuó porque no le dio la gana (....).Tenía que tomar cartas en el asunto y en cambio no hubo expediente sancionador. No fue ni una mera tardanza ni una falta de reflejos», aseveró el representante del Ministerio Fiscal, que recordó que José Serra Escandell fue alcalde durante 23 años: «Era sabedor de lo que tenía que hacer [....]. Pero el alcalde seguía en su despacho con los brazos cruzados y mirando la ventana», indicó el fiscal para defender que se le impute el delito de prevaricación por omisión.

«Parece que sea Dios»

La defensa de José Serra Escandell, por su parte, calificó de «inadmisible» que el representante del ministerio público imputase a su cliente que conocía los hechos. «Parece que Serra Escandell era Dios y omnipresente. No todo pasaba por la manos ni por la cabeza de Serra Escandell», indicó el letrado, que defendió que desde el Ayuntamiento se hicieron actuaciones y reclamaron al Consell d’Eivissa un informe para poder expedir la licencia. «¿Quién miraba por la ventana? ¿El alcalde o el Consell que negó que tuviera ninguna petición?», indicó la defensa, que resaltó que el Consistorio hizo una serie de actuaciones desde mayo hasta el mes de julio.

La defensa del exalcalde también criticó al anterior representante del ministerio fiscal, Antoni Torres: «¿Qué hacia el Ministerio Fiscal?. Ese sí que miraba por la ventana», señaló en tono jocoso al recordar que si bien recibió la denuncia el 4 de agosto no fue hasta el 2 enero cuando es registrada en Fiscalía: «Cinco meses el Ministerio Fiscal mirando por la ventana».

Además, la defensa del exalcalde mantiene que la competencia en esta materia es de la Conselleria balear de Medi Ambient ya que el Consistorio no tiene competencias en las áreas que hacen referencia a la modificación del torrente y de la zona ANEI. De ahí también que se rechazara la imputación del delito de prevaricación por omisión: «Imposible que se cometa porque primero tienes que tener conocimiento y después tienes que tener la obligación de actuar. Y Serra Escandell ni lo conocía ni tenía la obligación de actuar», concluyó.

«Oportunismo político»

La defensa de F. L. S., propietario de la finca, asumió el hecho de haber hecho modificaciones en el cauce del torrente sin permiso pero con el objetivo de «recuperar el camino, que era el único acceso a la finca». Tildó la denuncia del Pacte Progressista de «oportunismo político», porque reclamaron que se investigara el caso por presunta prevaricación pero en ningún caso por un delito medioambiental: «Les da igual el medio ambiente; se trataba de hacer daño al alcalde». Además, resaltó que tanto la Direcció General de Recursos Hídrics como la de Biodiversidad del Govern balear ya impusieron dos sanciones leves a F. L. S. por sus actuaciones: «Lo que no puede ser es que sea una sanción leve y ahora se quiera convertir en un delito medioambiental. El director general de Recursos Hídricos y el de Biodiversidad llegan a la conclusión de que este señor ha cometido dos tonterías».

CLAVES DEL JUICIO
Denuncias
Registro en el Ayuntamiento
El concejal del Pacte Progresista Pere Ribas entra un documento en el Ayuntamiento para denunciar los hechos. A finales de mayo, un agente de la Policía Local acude al lugar de los hechos para realizar un informe, y vuelve a emitir otro el 13 de junio.

Actuaciones
Informe del aparejador
La defensa del exalcalde señaló que el 19 de julio el aparejador municipal emite su propio informe mientras que un día después se insta al propietario de la finca a que paralice las obras tras un acuerdo adoptado en Junta Local.

Requerimientos
Notificaciones tardías
El fiscal sostiene que el requerimiento no fue notificado a F.L.S. hasta el 17 de agosto y solo después de que Serra Escandell recibiera la notificación del acuerdo adoptado en el Consell que instaba a incoar expediente de infracción.

Seis horas de juicios y siete testigos declarando
Durante la celebración de la vista, que se prolongó durante seis horas, declararon presencialmente y por videoconferencia hasta siete personas. Todos los testigos coincidieron en haber visto las modificaciones que se llevaron a cabo en el cauce del Torrent d’en Fita aunque nadie vio ni las máquinas ni los camiones que transportaban el material procedente de las obras del segundo cinturón. Una representante de la Conselleria de Medi Ambient del Govern resaltó, por videoconferencia, la reducción del espacio de un hábitat de interés al estar incluido en la Red Natura 2000 y apuntó que para volver a recuperar los pinos que se talaron deberán pasar unos 15 años. Otro de los que acudieron a declarar fue el concejal de PSOE-ExC Pere Ribas, que presentó en 2006 un escrito en el Consistorio denunciando los hechos. Ante las preguntas sobre si podía asegurar que el exalcalde veía todos los documentos, Ribas respondió: «Mi responsabilidad no era dar en mano los documentos al alcalde sino entrar los escritos y me parece muy extraño que Serra no supiera nada».
Un biólogo que ha elaborado un informe a petición de la defensa apuntó durante su alegato que en caso de haber pedido permiso para hacer acopio de material del segundo cinturón «no sé si se hubiera autorizado pero lo veo solicitable». Ante esta afirmación la juez le explicó que en caso de que se hubiera autorizado «los responsables también hubieran acabado en el banquillo porque hubiera sido un delito».