El Ayuntamiento de Sant Antoni hizo una sola sonometría en todo el verano y resultó positiva. Así lo reconoció ayer el equipo de gobierno durante el pleno ordinario que celebró la institución y a raíz de una pregunta del grupo Nova-A. Para el concejal de Nova-A, Joan Torres, «es un insulto» que solo se haya hecho una prueba de ruido en toda la temporada teniendo en cuenta «la contaminación acústica que tiene Sant Antoni». En el mismo sentido se expresó el portavoz de PSOE-Pacte, Josep Marí Marge, quien se vio sorprendido por esta única prueba cuanto en el verano de 2011 se llevaron a cabo, según indicó, unas 17 sonometrías.

Por otra parte, en el pleno se dio cuenta de la renuncia del exconcejal de Deportes Vicente Cabezas para solicitar las credenciales del siguiente de la lista, el médico José González. Cabezas dimitió de su cargo tras verse involucrado en la concesión «irregular», según PSOE-Pacte, de una licencia para ampliar su restaurante.

La alcaldesa, Pepita Gutiérrez defendió ayer la gestión del exedil, y aseguró que denuncias como la que interpuso PSOE-Pacte desprestigia la política. Esta crítica tuvo su respuesta, sobre todo, en el portavoz socialista Marge, que pidió la dimisión de la alcaldesa y del concejal de Urbanismo, José Torres. «Me he enfadado porque han querido callarnos. Ellos han echado a Cabezas, que se ha ido decepcionado porque le hicieron creer que podía hacerlo [obtener la licencia]. Pero encima de una ilegalidad no se puede legalizar nada», destacó el portavoz tras el pleno, en referencia a los expedientes de infracción que tenía la ampliación del restaurante antes de que la legalizara el actual equipo de gobierno.

Por otra parte, el Consistorio desveló que ha prorrogado durante un año más la contrata del servicio de zona azul. Lo hizo a raíz de una moción de Nova-A que pidió la eliminación del aparcamiento de pago durante el invierno. Según criticó Joan Torres, la zona azul también perjudica al pequeño comercio debido a que las grandes superficies tienen aparcamientos gratuitos para sus clientes, lo que facilita que los potenciales compradores prefieran desplazarse hasta estos establecimientos que aparcar en el pueblo con estacionamiento de pago. El equipo de gobierno rechazó la moción.

Sí se aprobó por unanimidad una declaración institucional en defensa del mantenimiento de la denominación de Podenco Ibicenco, un acuerdo que se remitirá al Consell y al Govern. «Esta denominación fue adquirida con mucha dedicación y sacrificio, y se merece ser protegida y defendida como parte irrenunciable de nuestra historia», destacó la alcaldesa, ayer, mediante su perfil de facebook.