El nuevo conseller de Salut del Govern balear, Martí Sansaloni, no respondió ayer a las preguntas de la oposición en el pleno del Parlament, entre ellas cuándo se abrirá el centro de salud de Sant Josep, finalizado hace ya más de un año: «No voy a venir aquí a dar una fecha y no lo voy a hacer por respeto a los ciudadanos. Por responsabilidad no se lo diré, más que nada para no engañar a nadie», espetó Sansaloni a una pregunta realizada por el portavoz de PSOE-Pacte, Xico Tarrés.
En su intervención, Tarrés le replicó al nuevo conseller que cuando asista al Parlament «intente explicar las cosas que le preguntan; usted hubiese podido pedir un aplazamiento de la pregunta, pero ha venido aquí a preguntarme por qué se hizo una jornada de puertas abiertas en 2011. Le contesto que estaría acabado y lo único que faltaba eran las conexiones y el mobiliario; ahora lleva un año cerrado», indicó Tarrés.
Sansaloni, por su parte, le replicó apuntando que el «tercer conseller tiene que venir aquí a resolver los problemas», para luego asegurar: «Querían despulgarme a mí, al novato, vengo doy la cara y contesto. Me gustaría saber cómo le recibieron a usted el primer día a usted en el Consell d’Eivissa».
Financiación
Por su parte, la diputada por Formentera, Margalida Font, cuestionó al vicepresidente del ejecutivo autonómico, Josep Ignasi Aguiló, sobre la nueva ley de financiación de los consells insulars. «Como estaba previsto estará lista a finales de año y se aprobará durante los primeros meses del año que viene» indicó el conseller balear. Font, por su parte, exigió más compromiso y apuntó que el «Govern no puede dar la espalda a los consells, que son los que dan y prestan servicios».
En su alegato, al diputada por Formentera recordó que solo faltan dos meses para finalizar el año «y los consells aún no tienen un borrador consensuado de la ley que permita el nuevo sistema de financiación, ni tan solo una fecha para reunirse» y destacó que según la legislación la nueva regulación del sistema de financiación debería aplicarse a partir del 1 de enero de 2013.
Aguiló, por su parte, indicó que se están reclamando soluciones «a problemas generados durante años y años». «En la pasada legislatura se hicieron claras las malas prácticas contables a través de las bestretes de los consells, generando una deuda acumulada de 150 millones de euros».
Para Aguiló, la solución «requiere un tiempo y se están llevando los pasos al ritmo adecuado».
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