La Conselleria d´Educació trabaja en estos momentos en modificar el artículo 151 del borrador del Anteproyecto de la ley reguladora de la convivencia escolar y de la autoridad del profesorado en los centros educativos de Balears, referido a lo que suponen faltas muy graves de los docentes, «para rebajar la crispación» generada. Y es que este borrador, que por primera vez regula los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa, desató una fuerte polémica cuando se conoció que contempla penas máximas como el despido o la suspensión de funciones y retribución entre uno y seis años en casos de faltas consideradas muy graves como la «violación de la imparcialidad, objetividad y neutralidad en el ejercicio de sus funciones realizando actuaciones que expresen posiciones personales, familiares, corporativas, políticas, clientelares o cualquier otra que pueda vulnerar este principio», que es como está redactado el artículo en cuestión.

El director del Institut per a la Convivència i l´Èxit Escolar, Biel Timoner, explicó a este periódico que «el anteproyecto fue interpretado como un ataque a la libertad de cátedra de los docentes, y como ésa no era nuestra intención estamos trabajando en incluir esta libertad como uno de los principios, entendida como lo establece el Constitucional, en el sentido de que viene modulada por la madurez de los alumnos: es mayor cuanto mayores son los estudiantes».

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