Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, llega a la audienciade Valencia para declarar por el ‘caso Gürtel’. | Reuters

El ya conocido como ‘caso Bárcenas’, ex tesorero del Partido Popular que está siendo investigado por presuntos delitos de fraude fiscal y cohecho, parece haber sido la gota que ha colmado un vaso que hacía tiempo que amenazaba con rebasar. La sociedad está descontenta y carga contra la clase política en general aunque los sospechosos de casos de corrupción tengan nombres y apellidos. Mientras el gobierno central prepara una Ley de Transparencia y Buen Gobierno y el ejecutivo balear restringe la que estaba vigente en el archipiélago, la sociedad exige que los políticos que sean culpables de haber robado dinero público lo devuelvan en su totalidad y reciban un castigo ejemplar. «Habría que quitarles todos los bienes, incluso aunque no estén a su nombre», pide Francisco Meneses, actualmente en paro, igual que su mujer, y con una hipoteca que deben seguir pagando cada mes. «¿Qué han hecho ellos para que les queden sueldos millonarios?», se pregunta María Llorenç, una mujer a la que una invalidez le impide trabajar. La difícil situación que atraviesan muchas familias aumenta la indignación frente a los casos de corrupción. Otros, como María Escandell, consideran que «si seguimos así acabaremos convirtiéndonos en un país tercermundista».

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