El Defensor del Pueblo registró en 2012 un total de 747 expedientes procedentes de las Pitiüses de los cuales 87 fueron quejas y 660 solicitudes de recurso de interposición ante el Tribunal Constitucional. Esta cifra supone un aumento considerable si nos atenemos al porcentaje global de incremento de reclamaciones de Balears ante esta institución que se ha situado en un 163% respecto a 2011.

La mayoría de los expedientes ya sean quejas o solicitudes de recurso judicial pertenecieron de manera sobresaliente al ámbito del empleo, educación y cultura, seguidas a gran distancia por las de economía y hacienda, y en menor medida por las de seguridad y justicia, sanidad y política social, migración e igualdad de trato así como medio ambiente y urbanismo.

En el apartado de administraciones no colaboradoras, el informe del Defensor del Pueblo alude al Ayuntamiento de Eivissa por su tardanza al responder hasta en un tercer requerimiento ante esta institución por «un recurso de interposición interpuesto ante el Ayuntamiento por el traslado forzoso ordenado por el jefe de la Policía Local de Eivissa». Entre las recomendaciones, figura la formulada a la Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Les Illes Balears sobre los criterios de funcionamiento de la Bolsa de trabajo relativo al nombramiento eventual de una fisioterapeuta en el área de salud de Ibiza y Formentera en el que no se respetó el orden establecido en la relación de aspirantes de esa categoría. En el bloque de sugerencias se alude al Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany para la adopción de medidas provisionales y correctoras de una actividad molesta.

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