Ayer se retomó esta vista en la que Albert Prats, exconseller de Vies y Obres y exvicepresidente del Consell d’Eivissa, denunció a los Matutes y al experiodista por una presunta campaña cuyo objetivo era descalificarle, según la acusación. El ministerio público no acusa, pero la acusación particular reclama para cada uno de ellos una pena de un año de prisión, así como una indemnización de 18.000 euros para el denunciante.
Ayer declaró el único testigo que quedaba por hacerlo, el expresidente del Consell d’Eivissa Pere Palau, citado por la defensa del empresario y su hija, que respondió a las preguntas de los letrados sobre lo ocurrido en Sant Jordi en 2006, cuando la entonces consellera Stela Matutes se vio increpada por un grupo de ‘antiautopistas’ -entre los que se encontraba Prats- que recriminaban al equipo del Gobierno insular de entonces la construcción de las autovías del aeropuerto y de Sant Antoni. A consecuencia de aquella presunta agresión, la hija del empresario asegura que ha necesitado ayuda psicológica y psiquiátrica.
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