C. Roig26/06/13 0:00
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El Govern balear ha requerido a la cantera de Can Orvai que cierre y separe completamente con una barrera infranqueable de «piedras de gran volumen o valla metálica» y con las indicaciones de ‘prohibido el paso’ el área de la explotación que paralizó el mismo Ejecutivo balear en 2009. Hasta ahora esta orden se había incumplido por parte de la empresa pese a las reiteradas quejas vecinales.

Esta decisión del Govern se produce ahora a raíz de un proceso judicial que inició un vecino de la zona y que se está investigando en el Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa. De hecho, tanto la alcaldesa de Sant Josep, Neus Marí, Berris, como el exalacalde Josep Marí Ribas, Agustinet, están imputados en esta causa por un presunto delito de prevaricación al no haber cumplido esa orden de 2009 de paralizar la cantera, que se emitió por no tener las licencias necesarias e invadir terrenos de un vecino.

En la resolución del Govern aprobada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) se indica que el director facultativo tendrá que presentar un informe a la autoridad minera en un plazo máximo de diez días que avale la ejecución efectiva de esta barrera y que esté en la localización exacta que se indica en la paralización del 3 de junio de 2009 emitida por el Govern por la que se ordenaba la paralización del aprovechamiento de recursos mineros que se realizaba en las parcelas número 100 y 147 de Can Orvai.

El Ejecutivo balear prohíbe también específicamente la presencia de maquinaria en el área paralizada, con la advertencia de que cualquier actuación, tanto de extracción como de restauración, hasta que no se apruebe el proyecto de restauración, podría implicar el inicio de un expediente sancionador.

El Govern aprueba también la modificación del plan de labores de la cantera del año 2012 y específicamente las zonas donde no es posible actuar en 2013. Además, el explotador tiene que presentar también la memoria resumen del plan de restauración del área paralizada en el plazo máximo de un mes.

Esta resolución, que emitió el Govern el 19 de marzo de 2013, se ha notificado ahora de nuevo a la explotación minera a raíz del proceso judicial que se sigue en los juzgados.