Alianza histórica entre asociaciones, instituciones y empresarios para combatir las prospecciones

Con esta inyección de optimismo se presentó ayer la ‘Alianza Mar Blava, Eivissa y Formentera zona libre de prospecciones’, una plataforma que hasta el momento ha logrado reunir a 30 entidades pitiusas, entre asociaciones, ONGs, agrupaciones ecologistas, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, y empresarios de distintos sectores como el náutico, la pesca y el turismo. La frase pertenece a Sara Pizzinato, secretaria de la Alianza y consultora medioambiental contratada para estructurar la batalla que se librará contra las prospecciones que la empresa escocesa Cairn Energy quiere realizar a 30 millas de las costas pitiusas, en el golfo de Valencia, y que ya cuenta con una primera licencia otorgada por el Gobierno.

Esta alianza «intersectorial» se presentó ayer en el Palau de Congressos de Santa Eulària y pretende ser «un lobby lo más eficiente posible en Madrid, en Bruselas y donde se pueda para parar este despropósito, que es explorar y explotar a 1.400 metros de profundidad, con riesgos enormes de que cada día pueda haber fugas de entre dos y cuatro toneladas» de petróleo. Así lo aseguró una de sus impulsoras, Sandra Benbeniste, coordinadora de Ibiza Preservation Fundation, quien destacó también que «no es fácil que haya alianzas donde estén empresas, administraciones públicas y ONGs en la misma mesa». «Pero ante tal indignación y despropósito teníamos que hacer algo», remarcó.

La vía del impacto ambiental

Benbeniste afirmó que la Alianza Mar Blava es un proyecto abierto al que se podrán seguir sumando entidades e incluso ciudadanos a través de las redes sociales. El objetivo es «aunar esfuerzos» para reivindicar ante Madrid en nombre de toda la sociedad pitiusa y el camino es lograr la declaración de impacto ambiental «negativa».

En este sentido, según explicó Pizzinato, el proyecto tiene tres fases y todas necesitan licencias ambientales: la investigación de sondeos acústicos, la cata «o un pinchazo» para ver si hay o hidrocarburos y una tercera etapa en la que llegaría la plataforma petrolífera. «Lo cierto es que la licencia que se ha concedido a Cairn Energy es totalmente legal, pero no es el único permiso que necesitan. Por lo tanto, entendemos que la vía más rápida y razonable a la vista de los riesgos ambientales que todas y cada una de estas fases implican es ir a través de la declaración de impacto ambiental y que sea negativa. Es nuestra petición mayor y es el ministro de Medio Ambiente (Miguel Arias Cañete) el que tiene la oportunidad de tomar esta decisión. Es la persona con más posibilidades para parar el proyecto», agregó sobre una vía que descartaría cualquier indemnización a Cairn Energy, el principal argumento del Gobierno para no parar las prospecciones.

Para ello, pedirán «una evaluación de impacto completa y con participación pública que acabe en una declaración de impacto negativa». Según detalló, se pedirá la «evaluación» y no la «declaración» porque así el procedimiento se debe abrir a todas las partes interesadas mientras que una declaración de impacto es una «vía directa» y sería un procedimiento «interno» del Ministerio de Medio Ambiente.

Dado que la primera fase [el sondeo acústico] aún no tiene el permiso ambiental, «el Ministerio debería estar tomando la decisión de por dónde quiere ir porque la ley le permite las dos cosas», afirmó Pizzinato. «Es ahora cuando se tiene que empezar a trabajar, es ahora cuando se están tomando las decisiones», añadió, por su parte, Benbeniste.