La fachada del edificio del Cetis, que alberga la estación de autobuses de Vila, que permanece cerrada. | ultimahora.es

El Ayuntamiento de Eivissa considera que concesiones de transporte interurbano que el Consell tiene adjudicadas a las empresas de autobuses, con las condiciones de prestación del servicio y de equilibrio económico, son «relaciones jurídicas» entre los transportistas y la institución insular que «en nada pueden afectar» a la apertura de la estación del Cetis. También acusa al Consell de ir «contra sus propios actos al no haber manifestado hasta la fecha oposición alguna frente a la futura entrada en funcionamiento [del Cetis] sobre la que el Ayuntamiento le ha ido informando puntualmente», y reitera que «la estación es competencia del Ayuntamiento» y «goza de todas las condiciones de operatividad y seguridad necesarias» para su puesta en marcha.

Éstos son algunos de los argumentos empleados por el Consistorio en la segunda tanda de alegaciones que ha presentado ante Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de Palma contra el recurso del Consell que busca tumbar las tarifas de explotación de la estación de autobuses que fueron aprobadas por el pleno de Vila, y que implican precios de cinco euros por entrada y salida de autobús, y cinco céntimos por pasajero.

Nuevas objeciones

La institución insular ya logró la suspensión cautelar de las mismas, tras evitar la apertura de la estación, decretada por Vila para el pasado 1 de julio. Entonces, el juzgado dictó una suspensión cautelarísima de la apertura al admitir un recurso del Consell y otro de las empresas de autobuses, y en respuesta recibió las primeras alegaciones de Vila.

Ahora, el Consistorio ha presentado nuevas objeciones al rechazo de las tarifas siguiendo la línea argumental de las anteriores alegaciones. En las mismas, en primer lugar, recuerda que la suspensión de las tarifas «está totalmente condicionada a la ejecución del decreto de Alcaldía de puesta en funcionamiento de la estación», que todavía está pendiente de resolución por parte del juzgado. En este sentido, Vila encuentra contradictorio que se suspendan unas tarifas de una estación que aún permanece cerrada.

Entre sus argumentos, el Consistorio también afirma que los motivos alegados por el Consell [ver el apunte] «nada tienen que ver con la urgencia propia de una medida cautelarísima», a la vez que niega cualquier invasión competencial, debido a que «la estación es competencia del Ayuntamiento y las modificaciones experimentadas por la ley de los transportes terrestres no hacen más que confirmarlo», remarca.

Asimismo, señala que el cumplimiento del decreto de apertura «no puede producir daños de imposible o muy difícil reparación» e insiste en que «la ponderación de intereses en juego determina que la medida cautelarísima concedida debe ser alzada porque la entrada en funcionamiento de la nueva estación con la aplicación de las correspondientes tarifas solucionará los reales problemas de seguridad que existen en la actualidad en la parada de Isidor Macabich».

«El Consell insular va contra sus propios actos al no haber manifestado hasta la fecha oposición alguna frente a la futura entrada en funcionamiento de la que el Ayuntamiento le ha ido informando puntualmente y al haber adoptado una actitud totalmente pasiva al respecto pese a la continua cooperación municipal», reitera el Ayuntamiento de Eivissa entre sus alegatos de defensa.