Iván Torres dice que hay que introducir «sangre nueva» en la institución. | DANIEL ESPINOSA

Con solo 31 años Iván Torres salió elegido en mayo como presidente de la delegación en Eivissa y Formentera del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Balears. El proceso fue reñido, porque primero hubo un empate y después solo tres votos de diferencia. Se presentó porque le animaron sus compañeros y reconoce que está «muy metido en la causa». «Hay que renovar y meter sangre nueva en la institución», afirma Torres, que defiende la amnistía de viviendas ilegales con infracciones prescritas que impulsa el Govern.

—¿Los arquitectos están muy divididos entre una ideología y otra?

—Más que una ideología quizás se trata más de defender los intereses de los arquitectos. En el año 2009 el Consell quiso aprobar el Plan Territorial d’Eivissa y en ese momento la junta decidió que le parecía correcto pese a que una gran mayoría nos opusimos. No queríamos que se modificara de forma tan radical el PTI de 2005. En este punto sí que tenemos diferentes ideas y cuando hubo elecciones hubo un empate casi técnico. Evidentemente nosotros apoyamos la conservación del territorio, no tiene que destruirse con la construcción, pero sí que queremos que se reforme todo el parque inmobiliario que existe, que hay mucho que se ha construido de forma ilegal o que por cuestiones de diferentes normativas se ha quedado fuera de ordenación. Estas viviendas no se pueden reformar ni rehabilitar y esto provoca más construcción de vivienda nueva, que no es deseable y en cambio que el parque inmobiliario no se reforma o se hace de forma ilegal.

—Ahora el Govern impulsa una ley del suelo en la que se legalizarán todas las construcciones cuya infracción haya prescrito y no se puedan demoler.

—Es una lástima que no se puedan legalizar todas en el sentido de que hagamos borrón y cuenta nueva para que realmente a partir de ahora no se permita hacer ni una sola ilegalidad más. En realidad no estamos contentos de que se haga esta amnistía. Pero tenemos un problema y tenemos que solucionarlo y a día de hoy los propietarios de estas casas fuera de ordenación cometen ilegalidades. Estamos haciendo la pelota más grande. Esto no interesa a los arquitectos, ni a los industriales, ni a la Adminsitración que deja de cobrar impuestos.

Pero es un agravio comparativo con los que lo hicieron todo legal.

—Pero se multará entre un 15 y un 25% dependiendo del año en el que se regularice.

—¿La cantidad que se cobrará con estas multas les parece correcta?

—Yo no puedo entrar a valorar si son correctas o no, lo que no me parecería correcto sería que uno que legaliza una vivivenda sin pedir licencia pague lo mismo que uno que lo ha hecho todo bien.