Operación sorpresa. Un grupo de periodistas espera ante la puerta de la institución insular, en la avenida de España, para recoger datos sobre el registro policial en las proximidades de un vehículo de la Guardia Civil aparcado ante la sede. | DANIEL ESPINOSA

La Guardia Civil irrumpió ayer por sorpresa en el Consell d’Eivissa para reclamar todas las facturas relacionadas con el caso Over, una ramificación de la presunta trama de corrupción Gürtel, investigada por supuesta financiación ilegal del Partido Popular de Balears, durante el último Govern que presidió Jaume Matas, entre 2003 y 2007.

A la once de la mañana, la institución tuvo que paralizar su actividad para atender al requerimiento realizado por el Juzgado de Instrucción Nª3 de Palma, que solicitó «facturas, expedientes de contratación, aprobaciones de gasto y órdenes de pago que acrediten los servicios prestados por nueve empresas entre los años 2004 y 2008», según informó el Consell.

En concreto, dos agentes de paisano se personaron en la sede de la institución para pedir las facturas emitidas por la empresa de publicidad investigada, Over Marketing, y por ocho empresas más, tanto al Consell como a todos los organismos y empresas públicas dependientes de la institución en ese momento.

Facturas ocultas

El Consell evitó dar detalles sobre la documentación entregada a la Guardia Civil en cuanto a facturas, empresas relacionadas y cantidades abonadas. Sin embargo, se pudo saber que se encontraron dos facturas emitidas por Over Marketing a las empresas públicas Fecoef y Spoctur, por más de 8.000 euros cada una, y el resto pertenecientes a la institución insular, que suman hasta un máximo aproximado de 35.000 euros facturados.

Al respecto, según se publicó en su momento, en 2005, Over Marketing declaró ventas a Spoctur por 8.029 euros y al Consell por 5.017, la misma cantidad que volvió a declarar en 2006 por otro trabajo al Consell. En 2005 también aparece una factura de 4.350 euros a Ibiza Imagen S.L., cuyo administrador único era el popular Guillem Riera, sobrino político de Pere Palau (presidente del Consell durante el período investigado) por un curso de portavoz de solo un día de duración para el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Carraca. Su empresa está incluida en el listado de sociedades cuya facturas fueron solicitadas al Consell, y que incluyen también a las empresas Visión Global, Iniciativas de Prensa y Comunicación, y Reinicia Ideas y Diseño, entre otras.

Además de Fecoef y Spoctur, el Consell también tuvo que revisar las facturaciones de organismos como la Fundación de Turismo, Fundación del Deporte, Fundación Centre Pitiús de Estudios Avanzados, y el Consorci de Recursos Sociosanitaris.