El Consistorio ya sabía que el Juzgado le pediría esta información, de hecho la alcaldesa llegó a decir que esta solicitud podía colapsar el área de urbanismo.
Se trata de un total de 47 expedientes, relacionados todos ellos con el informe pericial aportado por el Equipo de Delitos Urbanísticos y Económicos de la Unidad de Policía Judicial de Palma de Mallorca. Esta revisión se tiene que hacer «conforme a las observaciones indicadas» y emitiendo un informe al respecto. «Se considera tal diligencia necesaria, útil y pertinente a la vista de las conclusiones obrantes en dicho informe pericial en el que se efectúa una relación y análisis de los expedientes intervenidos en su día tras la entrada y registro», indica textualmente el oficio recibido por el Ayuntamiento. En el informe, según dicen, se ha podido constatar que existen licencias de las que no consta concesión definitiva y otras que deben ser revisadas para ver si se ajustan a la normativa.
En este caso están imputados Huerta, su mujer, su hijo y su nuera, el aparejador municipal Julio Blanco, el exconcejal de Ubanismo, José Marí Ribas, Reganes, y el hotelero Alberto Torres.
Según las investigaciones, se calcula que en un período de diez años las empresas que manejaban los Huerta movieron 12 millones de euros a través de distintas sociedades, ya que él seguía llevando a cabo proyectos en el municipio pese que la ley se lo prohibía.
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Huerta ha dado licencias para construir urbanizaciones en Cala Tarida y Cala Vadella donde promotores como Global Estates han conseguido licencias de construcción mas que dudosas, destrozando la naturaleza con edificios altos.