El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, abrió de lleno ayer el debate sobre los aspectos que deben primar en la llegada de la infanta Cristina a los juzgados de Vía Alemania el próximo 8 de febrero para declarar en calidad de imputada ante el juez instructor del ‘caso Nóos’, José Castro.


En declaraciones que realizó en la Cope, Ruiz-Gallardón dijo que «hay que evitar juicios paralelos» ante la declaración de la hija del Rey y espera que «la Audiencia de Palma adopte las medidas necesarias para que no haya situaciones que puedan ser perjudiciales».

Aparte del lapsus del ministro –la Audiencia no decide nada sobre las medidas de seguridad que deben rodear a la Infanta–, de su intervención destaca la referencia que hizo a la «penas paralelas».
Penas paralelas

«Lo que no debe significar nunca una actividad de colaboración con la Administración de Justicia es que se produzcan penas paralelas, cuando la Infanta voluntariamente ha renunciado al recurso (contra su imputación) y ha pedido declarar», señaló.

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En ese contexto, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, sostuvo ayer que la Ley de Enjuiciamiento Criminal «hasta ahora» no impone la «pena de paseíllo» a los acusados y considera que vería «estupendamente» que la infanta Cristina entrara en coche para declarar en los juzgados de Vía Alemania de Palma, informa Efe.
El acceso de la esposa de Iñaki Urdangarin a la sede judicial palmesana será objeto de estudio por parte del juez decano de Palma, Francisco Martínez, la delegada del Gobierno en Balears, Teresa Palmer y los máximos responsables de seguridad de la casa Real, Policía Nacional y Guardia Civil.

Martínez ya se ha pronunciado al respecto y dejó abierta la posibilidad de que la infanta Cristina acceda al juzgado de Vía Alemania en coche y no a pie, por razones «excepcionales de seguridad», indicó.
En el precedente más inmediato sobre esta cuestión, Iñaki Urdangarin decidió en sus dos declaraciones y en el último momento, hacer el ‘paseíllo’ y bajar la rampa de los juzgados. Fue una decisión personal ya que el juez decano había autorizado que el vehículo llegase hasta el patio del edificio.

Las medidas de seguridad que rodearon las declaraciones del esposo de la Infanta fueron acordadas tras varias reuniones.
Una de las ‘cumbres’ de seguridad reunió en Vía Alemania a Francisco Martínez, juez decano de Palma, José Antonio Costana, jefe de seguridad de los Juzgados; Jesús Fuertes, comisario de la Comisaría de la Casa del Rey; Antonio Emilio Jarabo, jefe superior de la Policía Nacional en Balears; José Luis Santafé, entonces inspector jefe de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR): el comisario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Jiménez, y el comisario de la Policía Judicial de Palma, Antoni Cerdá.


Es probable que todos ellos vuelvan a intercambiar puntos de vistas para decidir las medidas excepcionales de protección con las que contará la infanta Cristina.