La UTE Giref, unión de empresas que gestiona el vertedero insular de Ca na Putxa, tendrá que adelantar los más de 5 millones que debe pagar la Administración a Herbusa por los terrenos que le expropiaron en su día y que fueron valorados por una cifra inferior, según una reciente del Tribunal Superior de Justicia.
Este fallo judicial es la respuesta a un recurso que interpuso la propietaria de las fincas, Herbusa, contra el Gobierno Central, el Consell d’Eivissa y el Ayuntamiento de Eivissa porque consideraba que sus terrenos debían ser valorados de forma superior, de hecho pedía casi 200 millones. Ahora los jueces han determinado que el valor de los mismos es de 10 millones, a los que hay que restar los 4,45 que ya se pagaron en su día. De modo que ahora hay que abonar 5,55 millones más los intereses legales.
El gerente de la UTE Giref, Antoni Roig, quiso ayer dejar bien claro que en ningún caso se les ha condenado a ellos, sino a la Administración. Eso sí, les afectará porque tendrán que adelantar el dinero, aunque luego lo repercutirán a través del canon de los ayuntamientos. En definitiva, finalmente quien va a tener que pagar son los ciudadanos.
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