La ley ha contado con los votos a favor del PP, y el diputado no adscrito Antoni Pastor, mientras PSIB-PSOE, MÉS y la diputada Margalida Font han votado en contra y se han abstenido en los distintos artículos de la normativa.
El conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, ha destacado durante su exposición de la ley en el pleno que la misma surge de «un texto muy consensuado» con la sociedad civil y ha considerado que la aceptación del 40 % de las 453 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios y diputados no adscritos supone haber llegado a un amplio consenso en la normativa. Company ha admitido que, no obstante, no se ha podido llegar a un acuerdo en un tema básico y que tiene que ver con las distintas «formas de ver las cosas».
En concreto, se ha referido a que la normativa legaliza infracciones urbanísticas prescritas en suelo rústico y asentamientos en medio rural.
Para el conseller no regularizar estas edificaciones que no se pueden derribar porque el posible delito ha prescrito «sería mirar hacia otro lado» como se ha hecho hasta ahora. «Nos guste o no existen estas edificaciones (...) ¿Qué sentido tiene mantener una situación al margen de la realidad?», ha insistido el conseller.
Company ha defendido que la normativa, de 193 artículos, aportará un nuevo margen urbanístico y otorga a ayuntamiento y consells nuevas herramientas para implantar sus políticas, con la intención de que los planes generales municipales «no sean papel mojado».
La ley prevé una regulación urbanística sostenible con la intención de hacer «un urbanismo riguroso que responda a las demandas ciudadanas», por lo que el conseller, ha destacado la transparencia que impulsa la normativa a través de una mayor participación.
La simplificación administrativa y el incremento de las sanciones, así como la rapidez para imponerlas si se detectan irregularidades en suelo rústico, son otras de las características de la ley, ha especificado Company, que ha enfatizado que se trata de la primera Ley del Suelo de Baleares.
Una primera normativa que, en opinión de la oposición, supondrá «una oportunidad perdida» porque no incorpora regulaciones en suelo rústico, un concepto con el que han coincidido en criticar PSIB, MÉS, y los diputados no adscritos Margalida Font y Antoni Pastor.
El socialista Jaume Carbonero ha acusado al Govern de no haber incluido la ordenación del suelo rústico en esta ley porque lo hará en una próxima normativa agraria y se ha referido a la amnistía para los infractores.
Carbonero ha criticado que los propietarios de las edificaciones ilegales puedan regularizarlas pagando unas tasas, eliminando la intervención de ayuntamientos y consells insulars, por lo que, para el socialista, la normativa resta competencias a estos organismos.
Según el diputado del PSIB esta legalización de construcciones irregulares producirá un «efecto llamada» y finalmente creará una situación de «inseguridad jurídica».
El diputado de MÉS David Abril ha incidido en la idea de la pérdida de la oportunidad y la falta de consenso, y ha criticado que con la ley el Govern vuelve a «perder el sentido común» sobre protección del territorio que se regularizó hace 30 años con la primera normativa sobre este asunto y que se perdió en el segundo mandato del expresidente del Govern Jaume Matas.
Abril ha criticado que esta ley no prevé paralizar determinados macro proyectos urbanísticos anunciados. «Nuestro petróleo es nuestro paisaje», ha apuntado el diputado de MÉS en alusión a la frase «nuestro petróleo es el turismo» del presidente del Govern, José Ramón Bauzá, sobre los sondeos sísmicos.
Font ha insistido en que esta Ley del Suelo deja fuera de regulación el 90 % del suelo de Baleares, al excluir el rústico, y que se trata de una normativa «desarrollista» que no soluciona los problemas de las islas.
Pastor ha calificado de «parcial» la normativa y ha considerado que la misma debería dar más participación a los ayuntamientos.
Previo al debate, la portavoz del grupo ecologista Gob, Margalida Ramis, ha criticado la aprobación de la ley porque, en su opinión, favorece el crecimiento, la mercantilización del suelo rústico, rebaja los estándares de sostenibilidad y la calidad de vida.
Para Ramis, con esta ley «el PP se convierte en cómplice del urbanismo ilegal y corrupto que la justicia persigue», al regularizar las ilegalidades en suelo rústico.
33 comentarios
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El pueblo solicita que el listado de todos los beneficiarios de esta medida se hagan públicos
Que fácil es redactar titulares sensacionalistas!!!! Vamos a ver... La ley esta claro que es una chapuza pero deberian informarse un poquito: Los que se acojan a esta ley deberán pagar los mismos impuestos que el que construye legalmente mas una penalización. Esta ley tiene un claro objetivo recaudatorio y su otro objetivo es regularizar las instalaciones de agroturismos y otros negocios en zonas rústicas. La inmensa mayoría de propietarios que poseen una vivienda "alegal" no se acogerán ya que la ley no les soluciona practicamente nada, ni les garantiza los servicios (luz, agua, alcantarillado) ni les permite construir ni ampliar lo que ya tienen. Lo dicho, es una chapuza. Lo que se debería hacer es perseguir las nuevas infracciones para que no vaya en aumento y lo que ya existe, dejarlo y que quede como esta (si es una casa de aperos.... no necesita servicios.)
¿Y POR QUÉ tiene que amnistiar irregularidades? ... ¿No será que estos politicuchos corruptos tienen mucha irregularidad urbarnísitca que blanquear con esto? ... SINVERGÜENZAS.
Si en Mallorca " La Mallorquina " ,en su típico estilo Mallorquín , tuviera que regir su estilo Mallorquín Mediterraneo más ó menos legal , saltarían por los aires el 80 % de las construcciones . Pero, ...como por el dinero baila el perro , tenemos lo que tenemos y ...el territorio nunca se ha protegido !!! Las Verdades ofenden ....
Se ve ve que algún político debe tener alguna choza ilegal y la quiere regularizar !!! Empecemos por Marbella ó por las consecuencias compradas por el turismo cutre ....
Es que en España el embutido más emblemático es : El Chorizo !!!!
Cinismo es echar las culpas de las viviendas ilegales a los peninsulares jajaja. Bueno, claro, pensandolo bien han sido los peones y albañiles los q las han construido y como suelen ser peninsulares.....!!! Pero los mallorquines " no han fet res de res" porque son unos santos. Pues para q te enteres "mallorquin" q conozco más mallorquines con casas ilegales q peninsulares.
Está claro que alguien tiene que coger las riendas y hacer algo. No me gustan las políticas Peperas, pero debo reconocer que en este sentido se tiene que hacer algo con la realidad de las Islas. Y la realidad es la que refleja parte de esta nueva Normativa. Que otros lo pueden hacer mejor, no me cabe duda, pero se tienen que tomar decisiones para regularizar este desmadre urbanístico.
Una Ley que amnistía irregularidades simplemente no es una Ley : es un " consentimiento de delito encubierto" por una cosa que se hace llamar Ley ...como el oro del que caga el moro !!
¿Una nueva manera legal de prevaricar?