Según han informado desde el colectivo, «existe una sentencia judicial que obligaba al Banco Santander a renegociar esta hipoteca y llegar a un acuerdo y, aparentemente, se están riendo de esa sentencia».
La PAH también ha lamentado que la misma entidad bancaria hace unos dos años desahució a una pareja de Santa Eulària «y además de perder su vivienda, se quedaron con una deuda de 150.000 euros y por ello, tienen parte de los sueldos embargados».
La Plataforma ha anunciado que esta misma semana «en una reunión con el banco, exigiremos la condonación inmediata de la deuda de esta pareja y la aplicación de la sentencia que les obliga a renegociar la hipoteca de esta madre de familia».
«Les vamos a dar un plazo brevísimo para que solventen esto, porque son casos muy escandalosos», han asegurado.
La PAH ha avanzado que cinco vecinos de Santa Eulària, afectados por las hipotecas, podrán beneficiarse en breve del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento para aplazar el pago de sus impuestos municipales.
La Plataforma había solicitado al Consistorio la cancelación de esas deudas, aunque responsables municipales advirtieron que «es imposible condonar el importe total».
«Se ha simplificado el procedimiento y los vecinos tendrán que ir a Servicios Sociales. Tenemos cinco personas que ya han recibido esos embargos sobre sus viviendas o vehículos y que podrán pedir el aplazamiento de la deuda, aunque la solución es momentánea», han explicado.
Por su parte, la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Eulària, Ana Costa, ha asegurado que «prácticamente» el año pasado no se registraron solicitudes de ayuda para alquileres sociales y ha dicho que «es un gran error, que no se puede tolerar» la acusación formulada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Eivissa, que ha lamentado que dichas ayudas «se han quedado en un anuncio publicitario», ya que el Consistorio sólo gastó 1.800 euros de los 60.000 previstos.
Costa, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que «celebramos varias reuniones el pasado año y creamos una línea de ayudas de 60.000 euros para las familias desahuciadas, pero prácticamente no hubo solicitudes».
La responsable municipal ha insistido en que para acceder a estas ayudas «las bases eran muy claras y las condiciones muy sencillas, ya que se pedía cumplir una serie de requisitos». Entre otras cosas, el Ayuntamiento especificó que las ayudas oscilarían entre los 350 y los 600 euros y que los beneficiarios debían residir en el municipio durante los últimos cuatro años. También se detalló que Servicios Sociales se encargaría de gestionar las ayudas y valorar los casos.
«Si no se gastó el dinero, es porque no hubo solicitudes y parece que no acaban de entender que cuando se crea una línea de ayudas, hay que cumplir una serie de condiciones, que eran muy pocas y claras, y lo que no se puede hacer ahora es repartir lo que no se ha dado en su momento», ha insistido Costa.
Desde el Ayuntamiento también ha explicado que las ayudas iban destinadas a personas desahuciadas de su primera vivienda «y no entraban ni alquileres o segundas viviendas».
Costa ha asegurado que «no cuestionaré la manera de trabajar de los técnicos de Servicios Sociales y es un juego en el que no quiero entrar».
«Lógicamente, hay que demostrar que se necesita la ayuda, que es algo que entenderá todo el mundo, y los técnicos deben justificar dónde va el dinero. Lo único que ha pasado es que no se han pedido las ayudas o no se cumplían los requisitos exigidos», ha insistido.
La concejala ha explicado que la partida se creó para 2013 y por ello, «ahora, o creamos una línea nueva o se atienden estas peticiones, si las hubiera, como un caso más de Servicios Sociales».
«No entiendo que digan que nos aprovechamos a nivel publicitario del tema, cuando lo que hicimos fue reaccionar ante un grave problema», ha concluido.
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